Los cinco detenidos por el pago de 10 millones a Villarejo para frenar una extradición pasan a disposición judicial

Publicado 10/05/2019 7:25:27CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios Adrián De la Joya, Ángel y Álvaro Pérez-Maura, Francisco Javier Soucheiron y el abogado Enrique Maestre, detenidos este miércoles relacionados con un pago de 10 millones de euros al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pasarán este viernes a las 9:00 horas a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Los detenidos lo fueron en el marco de un operativo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional instada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, y en concreto, de la pieza secreta número 4, relativa al proyecto Pit del comisario por el que habría facturado hasta 10 millones para intentar frenar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura.

El procedimiento se inició en el año 2016 y corrió a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Guatemala le reclamaba por el pago de 30 millones en sobornos a lo largo de tres años a distintos funcionarios públicos, entre ellos el presidente del país Otto Pérez Molina, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en el Puerto de Quetzal.

El caso llegó a archivarse hasta en dos ocasiones porque Guatemala no había remitido a España la documentación necesaria para tramitar la extradición, circunstancias en las que podría haber influido la acción de Villarejo pues la operación desarrollada este miércoles es fruto de las pesquisas sobre sus redes internacionales de actuación, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Finalmente, el naviero compareció en la Audiencia Nacional en febrero de 2018 y se negó a ser entregado a Guatemala, por lo que el caso recayó en la Sala de lo Penal que, en el mes de mayo y atendiendo a su condición de ciudadano español, acordó denegar la extradición.

No obstante, la sentencia abrió la puerta a que se le juzgase en territorio nacional a instancias de las autoridades guatemaltecas por el caso de corrupción que había motivado la reclamación, pero hasta la fecha, no se ha producido.

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