BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, advirtió hoy al tripartito de que la federación no dejará "ninguna agresión más sin respuesta" y constató su voluntad de "rehuir de la judicialización de la vida política" en favor del debate político. "Si insisten en ir por aquí, CiU dirá la suya", remarcó.
Puig dijo en rueda de prensa que "la guerra sucia" contra CiU, como definió la polémica sobre las encuestas ocultas, "sólo es producto de la inacción del tripartito", de su "voluntad permanente de destruir al adversario" y de su "desesperación por las encuestas que sí tienen" sobre la intención de voto en las próximas elecciones municipales de Barcelona y catalanas. "No gobiernan ni saben", insistió.
El portavoz convergente aseguró que, en todo caso, la federación "no se deja arrastrar por la judicialización" de la política, e instó a fijarse ahora en problemas del actual Ejecutivo en vez de retroceder a "supuestas malversaciones de hace 5, 10, 15 años, estudios absolutamente neutros y sin ningún tipo de repercusión, seguramente algunos bien hechos y otros mal hechos", aunque "todos han hecho estudios".
Instó, en cambio, a investigar asuntos actuales, como "ventas de locales a partidos políticos sin informes", ya que "no hay dossier de la venta de un local del Incasòl (de la Generalitat) al PSC", sino que "se ha informado a CiU de que no hay ningún expediente, de que todo fueron conversaciones verbales, y que todo se reduce a una simple escritura de compra-venta".
Felip Puig también vio "periodismo de investigación" en "más de 1,5 millones de euros de supuestas irregularidades contables, administrativas, en el Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre".
Poco después, el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran, se preguntó "qué temen" en CiU y aseguró no tener "interés de ensuciar la política" sino "de total transparencia". Además, destacó que la federación "tiene cuentas pendientes en los tribunales por las encuestas y por Adigsa".
Ferran defendió su derecho de "no participar en el silencio cómplice" y su "obligación de decir lo que está pasando", ya que "lo contrario sería malversar la confianza de los ciudadanos".