CiU, ERC e IU reclaman que las Comunidades puedan exigir sus competencias autonómicas en el Tribunal Constitucional

Actualizado: domingo, 19 febrero 2006 13:08

El PP, por su parte, solicita que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de CiU, ERC e IU-ICV del Congreso han presentado sus respectivas enmiendas al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a las que ha tenido acceso Europa Press. Todas estas fuerzas políticas coinciden en solicitar que las comunidades puedan acudir al alto tribunal para defender sus competencias autonómicas.

En la argumentación de sus enmiendas parciales al proyecto legislativo del Gobierno -aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de noviembre de 2005-, tanto ERC como IU-ICV aseguran que "es preciso modificar los artículos 71 y 72" de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para "dar respuesta a las situaciones de bloqueo competencial derivadas de la falta de transferencias del Estado a las comunidades autónomas y abrir una vía para que éstas puedan plantear conflictos negativos de competencias".

Por su parte, CiU afirma que la Carta Magna establece que es el Tribunal Constitucional quien dirimirá los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o los de éstas entre sí. Sin embargo, añade, mientras la ley orgánica del Alto Tribunal legitima al Gobierno para plantear un conflicto de competencias contra las autonomías, no hace lo mismo respecto a éstas últimas frente al Ejecutivo.

Así, el texto que estos tres partidos proponen incorpora como novedad que, al igual que el Ejecutivo, también "los órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas podrán plantear el conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional cuando el Gobierno no ejercite las atribuciones propias de sus competencias por haberse declarado incompetente".

De otra parte, ERC y CiU también han coincidido en reclamar en sus enmiendas que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Senado sean propuestos en representación de las comunidades autónomas. Así, los dos partidos catalanes solicitan que estos cuatro jueces sean propuestos por la Comisión General de las Autonomías del Senado, después de consultar a las asambleas legislativas de cada Comunidad, "de modo que los magistrados del Senado lo sean en representación de las comunidades autónomas".

PP: RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Por su parte, el Partido Popular también destaca en sus enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Alto Tribunal su reivindicación de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas de los estutos de autonomía, al final del proceso de aprobación por parte del Parlamento y antes de que sea sometido a referéndum en su Comunidad.

El recurso previo de consitucionalidad, que fue suprimido en 1985 para todos los casos salvo los tratados internacionales, pretende que el Constitucional pueda pronunciarse sobre la reforma de los estatutos de autonomía antes de que tengan carácter de ley. No podrá hacerlo, sin embargo, respecto al resto de leyes orgánicas, como permitía la modalidad vigente hasta su derogación.

Según la iniciativa popular, en caso de interponerse este recurso contra el texto definitivo del estatuto, "se suspenderá automáticamente la tramitación del proyecto y el transcurso del proceso". El estatuto de autonomía, entonces, no podría ser sometido a referéndum en su comunidad autónoma, hasta que el Constitucional no resolviese el recurso previo.

Asimismo, de acuerdo con la propuesta del PP, el pronunciamiento del Constitucional respecto al recurso "no prezuga la decisión del tribunal en los recursos que pudieran interponerse tras su entrada en vigor con fuerza de ley".

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de noviembre de 2005, pretende introducir mejoras en el desarrollo de los procesos de control de constitucionalidad y en los recursos de amparo, con el fin de solucionar la sobrecarga de trabajo de este tribunal y combatir la lentitud de los procedimientos.