MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, interpuso una denuncia el pasado 20 de febrero en un juzgado de guardia para instar a que se investigue si fue seguido presuntamente por agentes empleados por el Gobierno regional.
Así se desprende de la denuncia interpuesta, a la que tuvo acceso Europa Press y que ha sido remitida a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid con motivo de la comisión de investigación puesta hoy en marcha. En ella el letrado del Ayuntamiento de Madrid incluye fragmentos de informaciones publicadas en el diario 'El País', como la del 10 de febrero, sobre la realización de unos informes caligráficos "que concluyen que los partes de seguimiento al vicealcalde corresponden al técnico de la dirección general de Seguridad de la Consejería de Interior y, en concreto, a José Manuel Pinto Serrano".
La denuncia añade asimismo el titular de portada de 'El País' que resaltaba que "los espías que siguieron a cargos del PP son empleados de Aguirre" y que "las notas manuscritas de los partes del espionaje corresponden a personal bajo las órdenes del director del área de Seguridad". En la edición de ese mismo día el periódico señalaba que dos peritos llegaban a la misma conclusión, que los partes fueron manuscritos por "un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Pinto".
En la denuncia presentada por el letrado del Ayuntamiento se explica que, dado que tanto el Consistorio como el vicealcalde "desconocen las investigaciones realizadas", se ven en la necesidad de poner estos hechos en conocimiento del Juzgado "por si fuesen constitutivos de ilícito penal".
Ésta no es la primera denuncia que interpone el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ya que el 21 de enero hizo llegar otra a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que informaba sobre los hechos publicados por 'El País' sobre que ex agentes a sueldo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid siguieron al edil durante varias jornadas del mes de abril.
"De la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde de Madrid, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública", indicaba el escrito.
Así, el concejal solicitaba que la Fiscalía practicara diligencias para "comprobar los hechos y la posible responsabilidad que de ellos pudiera derivarse", usando como base legal el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que reitera y complementa las facultades reconocidas al Ministerio Fiscal en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", así como el artículo 262 de la misma normativa.
