SALAMANCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de la capital salmantina reconocerá los certificados electrónicos emitidos por la Autoridad de Certificación de la Abogacía "para permitir a los letrados realizar trámites administrativos a través de Internet", según establece el convenio suscrito hoy por el alcalde, Julián Lanzarote, y el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Manuel Alfonso Sánchez.
Así, "este acuerdo permitirá a los abogados realizar con su propia firma electrónica autoliquidaciones de los impuestos de vehículos, plusvalías, solicitar bonificaciones y domiciliar tributos, entre otros trámites", explicó el edil, quien señaló que todas las actuaciones se llevarán a cabo a través de la página web del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación Económica (OAGER).
La Autoridad de Certificación de la Abogacía nació en 2003 para dar respuesta a la necesidad de la Abogacía Institucional de disponer de una entidad que ofreciera garantías de seguridad y confianza en la acreditación como letrados para realizar transacciones electrónicas, identificando en Internet a un individuo como abogado mediante el uso de certificados electrónicos.
"En tres años ACA se encuentra reconocida entre las dos primeras autoridades de certificación del país, y ha obtenido la confianza para el desarrollo y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información en el entorno de la Abogacía", señaló Alfonso, quien destacó que "una vez que la Abogacía digital llega a los colegios, éstos se convierten en Autoridades de Registro emitiendo los certificados de sus colegiados".
Asimismo, Alfonso destacó que las ventajas que supone ACA para la Abogacía pasan por "permitir a los colegios certificar la condición de abogado en Internet ante clientes o terceros en general; asegurar la identidad de los colegiados que realizan trámites con el colegio a través de Internet, y asegurar el contenido de las comunicaciones realizadas entre la organización colegial, los colegiados y terceros".
Por otro lado, cabe destacar que desde su puesta en marcha, este sistema ha sido reconocido por diferentes instituciones, como el Ministerio de Industria, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Colegio de Registradores, los ministerios de Administraciones Públicas, de Interior o de Justicia, la Dirección General del Catastro, el Ministerio de Fomento o la Agencia de Protección de Datos.
Del mismo modo, lo han reconocido el INEM, la Dirección General de Tráfico, la Generalidad de Cataluña, la Generalidad de Valencia, el Principado de Asturias, la Junta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Islas Baleares, el Gobierno Foral de Navarra, el Gobierno de La Rioja, la Junta de Extremadura, y los ayuntamientos de Barcelona, Gijón, Santiago de Compostela, Alicante y Ponferrada.
