El imputado pide recusar a la magistrada por el retraso en resolver el recurso contra su imputación
SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, imputado dentro de la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha comenzado en torno a las 11.35 horas de este miércoles su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, sobre la que ha presentado un escrito solicitando su recusación por el retraso en resolver el recurso contra su imputación.
La comparecencia ha comenzado, como suele ser habitual, con bastante retraso sobre el horario previsto, ya que la declaración del sucesor de Juan Márquez ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla estaba prevista para las 10,30 horas de este miércoles.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han detallado, por otro lado, que el imputado ha presentado un escrito en el que pide recusar a la magistrada por el retraso en resolver el recurso contra su imputación, presentado hace ya cinco meses. Según las fuentes, la magistrada podría comunicar este mismo miércoles su decisión sobre la petición de recusación.
En un auto dictado el pasado mes de junio, la magistrada señaló que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".
ALAYA CREE QUE RIVERA UTILIZÓ EL "MISMO PROCEDIMIENTO IRREGULAR"
Respecto a Rivera, la magistrada realiza una ampliación de su imputación y dice que, "pese al conocimiento que tendría" por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico".
Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones", y añade que, además, esta orden "no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno".
"Además de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera "acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo indiciariamente la existencia de intrusos de determinadas pólizas de Fortia y tras la quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de varias pólizas investigadas" por la Dirección General de Trabajo, "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas".
A ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez Alaya, que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin perjuicio de que puedan estimarse de modo indiciario responsabilidades de otros cargos de la Consejería de Empleo, de la Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor documentación".
