La oposición insiste en reabrir la comisión para escuchar a los supuestos espiados y apunta a Aguirre como "máxima responsable"
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se apoyó hoy en la falta de pruebas concluyentes para demostrar el presunto espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid para defender, en solitario, el cierre de la comisión que se celebra en la Asamblea de Madrid sin determinar responsabilidades políticas en contra de los deseos de los grupos de la oposición, que consideran a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la máxima responsable de la trama de espías y que han reclamado el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
El portavoz popular en la Cámara de Vallecas, David Pérez, dejó hoy en manos de la Justicia el esclarecimiento de la presunta trama de espionaje en la que se han visto vinculados miembros del PP nacional y regional al entender que la comisión parlamentaria que estudia el caso "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País'" y que vinculan el espionaje al Ejecutivo de Aguirre, y repitió a la oposición que no pueden justificar sus acusaciones a la Comunidad
Así, tras cuatro jornadas y once comparecencias, la comisión se cierra, en contra de la voluntad de la oposición, con un dictamen que defiende que la Comunidad "ni ha amparado, ni conocido" ningún espionaje, a pesar de que miembros populares, como el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, o el responsable del PP en el Exterior, Alfredo Prada, aseguraron que sí habían sido espiados. De hecho, algunos populares han acudido a la Justicia, que el viernes se ratificó en que continuará con la investigación sobre el supuesto espionaje y los partes de seguimiento.
Pérez hoy fue más allá de sus conclusiones, y además de no dar credibilidad a los partes, afirmó que "no ha habido espionaje", y que por lo tanto, no ha habido espiados. "Aquí no hay espionaje y no hay víctimas de espionaje", aseguró preguntado por la contradicción que supone que defiendan que no hay espionaje y que dejen el esclarecimiento de los hechos en manos de la Justicia. Asimismo, destacó que los presuntos partes "se limitan a relatar hechos públicos y cuando no, hechos irrelevantes" y se preguntó qué ocurriría si se acudiera a la Justicia con unos informes con errores.
De la misma forma en que lo defiende en los 62 folios del ya Dictamen de la comisión, que pasará al pleno de la Cámara del miércoles si la Mesa de la Asamblea de esta tarde no decide retrasar su debate en el hemiciclo en respuesta a las peticiones de PSOE e IU, Pérez explicó que el equipo de seguridad de la Comunidad se creó en los años 80 en época del socialista Joaquín Leguina, que se reformó durante los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón, y que los partes no fueron realizados por miembros del Ejecutivo de Aguirre y que "carecen de rigor".
"Doy más crédito a la declaración de un policía que a las consignas de la señora Menéndez abusando de su inmunidad parlamentaria", exclamó Pérez, que centró gran parte de su comparecencia inicial en desacreditar las conclusiones de la oposición, que hizo máxima responsable de la supuesta trama "por acción u omisión" a Aguirre, y que reclamó el cese del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por haberse sobrepasado en su Cartera las competencias del Ejecutivo en materia de seguridad establecidas en el Estatuto de Autonomía, que las limitan a vigilancia de edificios y a labores de apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El portavoz popular dijo que la propuesta de dictamen de PSOE son "80 páginas de juicios de valor, de consignas", que no contienen prueba alguna de que la Comunidad haya amparado ningún espionaje, por lo que no permiten hallar responsabilidades políticas en ningún miembro del Ejecutivo autonómico.
En contra de estas ideas, la portavoz socialista mantuvo que sí ha habido espionaje político en la Comunidad como, a su juicio, lo demuestra el hecho de que haya presuntos espiados en las filas populares o que la Fiscalía madrileña haya decidido seguir con el caso. "Sí ha quedado constatado el espionaje entre los meses de abril y mayo de 2008 previos a congreso de Valencia", defendió la socialista en la sesión de hoy, en la que dijo que salvo Aguirre y Granados "el resto de miembros del PP ha dado crédito a las mismas hasta el punto de presentar denuncia en los juzgados".
Al igual que la portavoz de IU, Menéndez centró gran parte de su discurso en defender que la comisión se ha cerrado "en falso" y sin escuchar 18 de las 29 comparecencias calificadas en origen por la comisión y dijo que "comparecencias de testigos esenciales se ha impedido por parte del PP". Así, Menéndez, consideró que los seguimientos son hechos "gravísimos", que "repugan al PP", como, según aseguró, destacó hace días el presidente del partido, Mariano Rajoy, por lo que consideró que éste debería dar "instrucciones" para finalizar los "trabajos inconclusos de la comisión de investigación" o para reabrir la interna del PP, suspendida temporalmente desde que se aprobó la comisión parlamentaria.
Por parte de IU, Inés Sabanés, que defendió la existencia de redes paralelas de seguridad en la Comunidad, las "contradicciones" en las declaraciones de los miembros de la Consejería de Francisco Granados y que "ha habido seguimiento a cargos públicos", criticó que no comparecieran todos los invitados y consideró que el PP "diseño una estrategia clara para cerrar la comisión".
CAMBIOS EN LAS FORMAS
La portavoz de IU fue la primera en criticar el modo en que se ha desarrollado esta comisión en la Asamblea de Madrid, y consideró que el PP tenía una "estrategia" y seleccionaba a unos comparecientes eliminando al resto, idea que compartió también Menéndez. Asimismo, Sabanés criticó que la documentación llegó "tarde" y que lo hizo antes al Grupo Popular que a la oposición, hecho que el popular David Pérez se encargó de desmentir.
Sabanés consideró que "la comisión se ha centrado más en desmentir cualquier circunstancia que le vinculaba (por el PP ) a los acontecimientos que en aclarar los acontecimientos" y criticó "la injerencia del gobierno y de la señora Aguirre que explica cómo debe y va a funcionar la comisión".
En esta línea, acusó al Grupo Popular de haber hecho "contrainvestigación" a lo largo de las sesiones de comisión y de defender un "contradictamen" en la sesión de hoy después de considerar "profundamente escandaloso" que la comisión se cierre en cuatro días. "Esperanza Aguirre no quiere que se investigue porque sabe qué ha pasado, sabe que ha habido espionaje, que ha nacido fruto de control por el adversario en Comunidad", consideró Menéndez apoyando las declaraciones de Sabanés, y destacó que se han utilizado los supuestos dossieres "para chantaje y extorsión".
Así, dentro de sus dictámenes, la oposición propuso que se modifique el Reglamento de la Cámara para que se impida que el grupo mayoritario tenga el control sobre las comisiones de investigación y que pueda cerrar o dirigir los trabajos de las mismas, a lo que el popular David Pérez respondió destacando que las normas las crearon los socialistas y que las normas de la Cámara madrileña son "más garantistas" con la oposición que las de otros parlamentos autonómicos.
