Deposita 37.000 euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles en 'Iron'
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El comisario Enrique García Castaño, uno de los acusados en el triple juicio por 'Tándem' que se celebra en la Audiencia Nacional, ha solicitado en la sesión de este lunes la nulidad de las grabaciones realizadas por el también comisario José Manuel Villarejo, principal encausado, que son uno de los pilares probatorios de la macrocausa, alegando que contaminan el proceso porque se obtuvieron de forma "subrepticia", rompiendo la cadena de custodia y contienen una "provocación delictiva".
Así lo ha reclamado el abogado de García Castaño, Aitor Martínez, en la tercera sesión de un juicio donde se ventilan a la vez las piezas separadas 'Iron', Land' y 'Pintor', si bien el comisario solo está acusado por las dos primeras, hechos por los cuales la Fiscalía Anticorrupción reclama que sea condenado a más de 80 años de cárcel.
El letrado ha solicitado como parte de sus cuestiones previas la nulidad de las grabaciones que Villarejo hacía de las conversaciones que mantenía con terceras personas, incluido García Castaño, al que apodaba 'Big', argumentando que se consiguieron de forma "subrepticia", esto es, sin las necesarias "garantías legales".
En este sentido, ha señalado que se trata de charlas donde uno de los intervinientes es Villarejo, policía en activo, que las mantuvo sin que mediara orden judicial, de modo que la defensa entiende que discurren "en un marco de una clara provocación delictiva" que empujaría a los otros implicados en estas conversaciones a cometer o reconocer delitos.
Martínez se ha adelantado a la posible respuesta del Ministerio Público, aduciendo que Villarejo no puede ser considerado como un particular en lo tocante a estas conversaciones, un estatus que sí las haría válidas.
A este respecto, ha sostenido que Villarejo se presentaba a sus interlocutores bien como comisario bien como abogado y, en este último supuesto, el diálogo está protegido por el secreto profesional entre letrado y cliente.
Además, al igual que ya hicieran las demás defensas en las sesiones iniciales, Martínez ha esgrimido que las grabaciones incautadas en las entradas y registros de 2017 tampoco pueden admitirse como pruebas porque vulneraron la orden judicial que dio lugar a esta acción policial.
"Lo que hizo la Policía Nacional fue arramblar con toda la información", ha denunciado, recordando que los dispositivos electrónicos no fueron precintados y estuvieron fuera del control judicial durante 17 días, tiempo suficiente, a su juicio, para que su contenido fuera manipulado.
En este punto, el abogado defensor ha puesto sobre la mesa la llamada 'guerra de comisarios' al señalar la "indiscutible animadversión" entre el CNI y Villarejo, dando por hecho que la unidad policial encargada de esas inspecciones actuaba a las órdenes de la Inteligencia española.
LA DETENCIÓN DE GARCÍA CASTAÑO
También, y con ánimo de "sanear" el juicio excluyendo el material probatorio que pueda contener "elementos nulos" por haber obtenido en contra de las directrices legales, Martínez ha abogado por sacar de la causa todo lo relacionado con la detención de García Castaño en julio de 2018 porque se habría hecho únicamente a instancias de la Fiscalía, "sin contar con el juez de instrucción".
El letrado ha llamado la atención sobre el hecho de que el arresto tuvo lugar tan solo "mes y medio después" de que el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) acudiera personalmente, acompañado por su abogado, a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción para ponerse a disposición de ambos al enterarse por la prensa de que estaba siendo investigado.
Martínez ha recriminado a los investigadores que entonces le dijeran que "se volviera a su casa" para detenerlo "en riguroso directo" en lo que ha calificado como "una medida absolutamente desproporcionada y marcadamente mediática".
Por otro lado, ha interesado incluir en el acervo probatorio la transcripción íntegra de las conversaciones grabadas, y no solo "clips recortados" por los investigadores, así como correos electrónicos, faxes y otros documentos que --ha subrayado-- han servido para imputar pero de analizarse íntegramente podrían servir también para exculpar.
Se ha referido en particular a un archivo de Excel extraído de un ordenador ubicado en dependencias policiales con una docena de asientos sobre presuntas peticiones de acceso a información restringida que, conforme declaró el ex jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño "podía tocar hasta la señora de la limpieza".
LA SOMBRA DEL TEDH
Asimismo, siguiendo con la línea marcada por las otras defensas, ha manifestado que la Audiencia Nacional carece de competencia para juzgar estas tres piezas porque los delitos que implican carecen de la entidad suficiente.
Martínez ha argumentado que solo el delito de organización criminal justificaría la competencia de dicho tribunal, si bien ha enfatizado que solo hace mención verbal a este ilícito en sus escritos pero no ejerce acusación por ello, encomendándose a un "futurible": que en la pieza principal o en otra de las más de treinta piezas que componen 'Tándem' se condene por ese delito.
El defensor de García Castaño ha advertido de que tanto este "desastre procesal" como otros defectos, entre los que ha aludido al "Frankenstein jurídico" que supone que se juzguen a la vez tres piezas o la prescripción de algunos delitos, podrían conducir a los acusados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) e incluso ha deslizado que podría recurrir al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias por el arresto de García Castaño.
Al margen de la docena de cuestiones previas que ha planteado, y que han acaparado las primeras dos horas del juicio, Martínez ha querido poner de relieve que García Castaño ha hecho un depósito de 37.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para cubrir las eventuales responsabilidades civiles a las que pueda ser condenado en 'Iron', y ello a pesar de que "no ha sido acusado por ninguna víctima", ha recalcado.
Se trata del primer juicio por 'Tándem', que versa sobre los negocios privados de Villarejo cuando era comisario, aunque acumula tres piezas: 'Iron', por el presunto encargo de un despacho de abogados para espiar a un bufete de la competencia; 'Land', sobre el supuesto espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca'; y 'Pintor', por una presunta extorsión.
