La Comisión de Justicia del Senado aprueba el Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Senado ha dado luz verde al Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, que regula las condiciones de obtención del título profesional del abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, informó hoy el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

De las 95 enmiendas presentadas inicialmente, los grupos parlamentarios del PP, PSOE, ERC y PNV han retirado las suyas, mientras que la Comisión ha votado el resto de propuestas, que han sido rechazadas.

El miércoles el proyecto de ley podría ser votado por el Pleno del Senado que, previsiblemente, aprobará la iniciativa legislativa. Al no haber sido aprobada ninguna enmienda en la Cámara Alta, el texto sería remitido directamente al Gobierno para que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Según el CGAE, los portavoces de los diferentes partidos en el Senado han coincidido en señalar la importancia del proyecto y del consenso alcanzado "para garantizar a los ciudadanos la formación de sus abogados", que "verá la luz después de muchos años de espera".

En caso de que sea aprobada definitivamente, habrá que esperar los cinco años de 'vacatio legis' que la propia ley prevé hasta su entrada en vigor, periodo durante el cual no se exigirá el título profesional de abogado ni el de procurador para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, con el fin de que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura en Derecho.

MÁS PRÁCTICAS Y UN EXAMEN GENERAL

El proyecto de ley propone la eliminación de otros centros de formación distintos de las universidades y las escuelas de práctica jurídica en la impartición de los cursos de capacitación profesional para la práctica de la abogacía o la procura.

Respecto a las prácticas externas, la ley establece que éstas deben ocupar exactamente la mitad del contenido formativo de los cursos de formación tanto de los abogados como de los procuradores.

La normativa subraya la relevancia de la formación práctica, intentando conjugar el aprendizaje universitario con la experiencia práctica de los colegios profesionales. Así, para ejercer de abogado exige, además de los cuatro años de la carrera de Derecho, un año más de formación práctica impartida por la Universidad y los colegios de abogados.

Además, para garantizar la capacitación profesional, contempla la obligación de superar un examen general, de carácter nacional y convocado al menos anualmente, creando para ello una comisión plural con representación de los sectores universitarios y profesionales afectados.