Conde-Pumpido afirma que la reunión entre Ibarretxe y Otegi "no constituye delito alguno"

Dice que no "concurren" requisitos para ilegalizar al PCTV, pero advierte de que se instará si se quiere "defraudar la Ley de Partidos"

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 23 enero 2007 14:03

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que el encuentro que mantuvo anoche el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, con el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en el Palacio Ajuria Enea, en Vitoria, "no constituye delito alguno". Pese a negarse a realizar "valoraciones políticas", Conde-Pumpido dejó claro que respalda el criterio seguido por el Ministerio Fiscal respecto a este tipo de reuniones.

En este sentido, recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado "reiteradamente" que este tipo de entrevistas "no constituyen delito alguno", en referencia a la posición que mantuvo respecto al encuentro del pasado 19 de abril entre Ibarretxe y Otegi, por la que ambos están imputados, así como la reunión del pasado 6 de julio entre el secretario general del PSE-EE, Patxi López, y varios líderes de Batasuna.

"Desde el punto de vista político o personal, cada uno puede tener una opinión crítica al respecto, pero desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general del Estado lo respalda. Y éste es que estas actuaciones no son integradoras de delito", señaló, al tiempo que recalcó que "este criterio ha sido refrendado" por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que inadmitió a mediados de diciembre una querella contra el dirigente del Partido Socialista de Euskadi por su reunión con Otegi que "pretendía criminalizar este tipo de actuaciones".

ILEGALIZACIÓN DEL PCTV.

En su intervención en el Foro Nueva Economía, Conde-Pumpido se pronunció también sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y aseguró, en este sentido, que "no concurren los elementos jurídicos" para instar su ilegalización. No obstante, advirtió de que se instará su ilegalización "si se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento a través del cual se defraude la Ley de Partidos".

Insistió en que este asunto constituye una "cuestión jurídica", por lo que debe "responderse" mediante criterios conforme a Derecho. En esta punto, recordó que La Fiscalía General del Estado instó la ilegalización de Aukera Guztiak, puesto que "esta candidatura encubría de una manera fraudulenta la presencia de la izquierda abertzale".

"Tras su ilegalización, la izquierda abertzale optó por dar sus votos a un partido irrelevante y marginal como era el del PCTV", apuntó el fiscal general del Estado, que recalcó que "en su momento se hizo un análisis riguroso, partiendo de los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para examinar si concurrían o no las causas que la ley establece para poder instar su ilegalización".

"Concluimos que no concurrían esas causas. No podía prosperar esa acción porque no concurrían los requisitos que marcan los tribunales de Justicia", indicó el máximo representante del Ministerio Fiscal.

ACTUACIÓN CONTRA CONTRA OTEGI.

Preguntado sobre la posición de la Fiscalía General del Estado respecto a Otegi, Conde-Pumpido insistió en que "cuando el Ministerio Público ha estimado procedente formular una acusación" contra él lo ha hecho y "cuando ha estimado procedente pedir una medida cautelar la ha solicitado". Recordó, seguidamente, que existen varios procedimientos contra Otegi instados por el Ministerio Público.

En este punto, se refirió al recurso de casación presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absolvió al líder batasuno por injurias al Rey. El alto tribunal revocó esta sentencia y le condenó a un año de prisión por llamar al Rey Juan Carlos "el jefe de los torturadores" durante una rueda de prensa que se celebró en mayo de 2003.

Conde-Pumpido también aludió a la acusación ejercida por la Fiscalía contra Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido durante su participación en un homenaje dispensada al etarra José Miguel Beñarán, "Argala", celebrado en 2003 en Arrigorriaga (Vizcaya). La Audiencia Nacional le condenó a 15 años de prisión, pero la sentencia está recurrida ante el Supremo

El fiscal general quiso dejar claro que el Ministerio Fiscal "no está para responder a indicaciones políticas ni mediáticas, sino que en cada momento hará lo que estime procedente". También insistió en que, en cada caso, se aplican las normas jurídicas, haciendo la valoración correspondiente".

RENUNCIA DE JURISDICCIÓN A FAVOR DE ESPAÑA.

Por otro lado, el fiscal general del Estado destacó durante su intervención la colaboración de la Fiscalía General del Estado con las distintas fiscalías de los estados miembros de la Unión Europea. En esta línea, se refirió en concreto al buen estado de la cooperación española con los fiscales franceses.

Así, puso como ejemplo la decisión de Francia de ceder su jurisdicción a favor de la Justicia española para que los etarras Asier Larrinaga y Garikoitz Etxebarria, detenidos en la localidad francesa de Askain, sean juzgados por los delitos cometidos tanto en suelo francés como en el español.

"Se trata --indicó-- de la primera vez que hay una renuncia de jurisdicción a favor de España. No es una mera entrega, sino que se cede la jurisdicción para que sean acusados y juzgados por los delitos cometidos en ambos países".

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