Conde Pumpido pide "un sistema más ágil y preciso de gestión presupuestaria" para "la eficiencia" del Ministerio fiscal

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pidió hoy "un sistema más ágil y preciso de gestión presupuestaria" con el fin de potenciar "la autonomía y la eficiencia del Ministerio Fiscal". En este sentido, reclamó a las comunidades autónomas que se "singularicen las partidas presupuestarias" que corresponden a la Fiscalía porque "es una obligación legal".

Durante su intervención en los desayunos del Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, Conde Pumpido destacó que la Fiscalía "ha renovado su caja de herramientas", que "están a punto", y señaló que "ahora hay que cambiar la maquinaria o seguir lamentándonos de que la Justicia penal es ineficaz, de que nos condena el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no respetar el derecho a un proceso con todas las garantías, de que no está claro el régimen jurídico de intervención de las comunicaciones o de que los detenidos aparecen esposados".

Tras asegurar que la Fiscalía ha dictado instrucciones y procura que "se imponga una interpretación de la Ley vigente, conforme a las exigencias constitucionales", apuntó que "el establecimiento de un sistema informático único y eficiente del Ministerio Fiscal es una previsión legal, desarrollada reglamentariamente, que, hasta ahora ha caminado demasiado despacio".

Por ello, mostró su esperanza de que "reciba un impulso" con la firma del convenio EJIS, orientado a la interoperabilidad de los diferentes sistemas informáticos de la Justicia", con el fin de que se pueda saber en tiempo real "qué está ocurriendo en el conjunto de las Fiscalías y órganos judiciales".

Según precisó, el hecho de que esto no se pueda hacer, en la actualidad, "impide detectar y atajar anomalías y disfunciones que, de vez en cuando, generan escándalo, pero no acaban de encontrar solución".

"Es indispensable, y por eso lo digo aquí permanentemente, que todas las autoridades implicadas, las del Estado y las comunidades autónomas, sean conscientes de que los problemas burocráticos y las reticencias competenciales en este terreno tienen un altísimo coste, que la sociedad no debería pagar", apuntó.

Asimismo, apuntó que "la autonomía y la eficiencia del Ministerio fiscal requiere un sistema más ágil y preciso de gestión presupuestaria". "En muchas comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia, sigue pendiente de cumplimiento la obligación legal -desde la reforma de 2007- de singularizar las partidas presupuestarias que corresponden al Ministerio Fiscal. Eso tampoco es cuestión de discutir competencias, es un problema de que la Justicia funcione o no funcione como puede y debe funcionar", señaló.

REFORMA 2007

El Fiscal General del Estado se refirió a la reforma "extensa y profunda" del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobada en octubre de 2007 por el que se pretendía, entre otras cuestiones, la especialización en el trabajo.

"Lo hicimos, formamos redes de fiscales especialistas que abarcan todas las fiscalías territoriales en cada una de las materias que lo requerían con más urgencia, aprovechando un importante crecimiento de la carrera fiscal basado en el esfuerzo presupuestario del Gobierno del Estado", señaló.

Tras señalar que una institución de carácter "unitario y de ámbito estatal como es el Ministerio Público ya llegaba tarde a la inexcusable asimilación del Estado de las autonomías", afirmó que se puso "en pie el esfuerzo histórico de recuperar el tiempo perdido" y se creó "una nueva realidad, dando vida a la figura del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma", al que corresponde la jefatura y la representación del Ministerio público en su respectivo territorio.

Además, precisó que "refuerza el vínculo esencial entre el Ministerio fiscal y la singular condición de cada lugar y de sus ciudadanos", el hecho de que intervengan en el nombramiento del Fiscal Superior los consejos de Justicia de las comunidades autónomas, "allá donde su existencia esté prevista por Estatuto de Autonomía, y la comparecencia anual ante la Asamblea parlamentaria de la Comunidad, junto con la consideración de la lengua cooficial de la Comunidad autónoma como criterio determinante para los nombramientos".

MAPA TERRITORIAL

Según aseguró, esta reordenación del mapa territorial "ha sido posible gracias al crecimiento de la carrera fiscal, equivalente en los últimos cinco años a casi un 30 por ciento". En este sentido, dijo que en Euskadi se ha pasado de una plantilla de fiscales de 76 en 2004 a 92 en la actualidad. En concreto, en Vizcaya, ha aumentado de 42 a 52.

Además, subrayó que, "en ese tránsito", se ha convertido en una institución "con presencia abrumadoramente mayoritaria de mujeres que, además, han comenzado a asumir las más altas responsabilidades", y destacó, como ejemplo, que el País Vasco cuenta con la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, María Ángeles Montes, y con la Fiscal Jefe provincial de Vizcaya, Carmen Adán.

Conde Pumpido manifestó que, gracias a la reforma de 2007 que incrementó la autonomía para fortalecer la imparcialidad, el Ministerio Fiscal español "es seguramente el único en el que un fiscal puede negarse a cumplir una instrucción de sus superiores, alegando, no ya que la instrucción es ilegal, sino incluso que es improcedente".

Por ello, dijo que, "si muchos ciudadanos supieran todo esto", no tendría "tanto predicamento la imagen del Ministerio fiscal como una institución que prácticamente funciona con arreglo al capricho del Fiscal General del Estado".

Además, aseguró que su "esfuerzo por mejorar la transparencia del Ministerio Fiscal se relaciona, sobre todo, con dos objetivos: el fortalecimiento institucional y el reforzamiento de la imparcialidad". "La institución oscura y distante, ese eterno desconocido de la Justicia española que era el Fiscal, se abre camino hacia el lugar central que la Constitución quiso reservarle", apuntó.

En esta línea, señaló que el Parlamento del Estado, los legislativos autonómicos, y también un buen número de consejos consultivos, de órganos administrativos e, incluso, de entidades privadas, cuentan de manera cada vez más fluida y más frecuente con la presencia y con la opinión del Ministerio público".