MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reconoció este lunes que la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SS) concurrir a los comicios europeos le supone "cierta limitación" a la hora de investigar la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el cabeza de lista de dicha formación, Alfonso Sastre, por el artículo que publicó en el diario 'Gara' en el que afirma que habrá "tiempos de mucho dolor en lugar de la paz", si no se abre una negociación.
Momentos antes de asistir a la conferencia que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, impartió hoy el Club Siglo XXI, el fiscal general señaló que, en todo caso, la Fiscalía estudiará la denuncia y, si encuentra indicios para poder actuar contra Sastre, remitirá la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la competente para entender de este tipo de hechos.
Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía formuló en su día una impugnación de la candidatura de Iniciativa Internacionalista "precisamente por disponer de pruebas suficientes, entre ellas un artículo similar, escrito por el señor Sastre, que acreditaba la vinculación de esa candidatura al grupo terrorista ETA".
RESPETO A LA DECISIÓN DEL TC
La impugnación no fue aceptada por el Tribunal Constitucional, recordó Conde-Pumpido, por lo que el Ministerio Público tiene ahora "cierta limitación por el respeto" que debe a dicha decisión.
Insistió en que la Fiscalía ya actuó en su momento contra una candidatura "que era una coalición que se dirigía a un proceso electoral y que en realidad desaparece cuando en ese proceso electoral no ha obtenido ningún candidato".
Preguntado si no se podría actuar contra Sastre de forma individual, Conde-Pumpido insistió en que la denuncia se estudiará, y que "si hay algo" se remitirá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Subrayó que el Ministerio Público respeta totalmente las decisiones del Tribunal Constitucional, porque "todos tienen que respetarlas".
CAAMAÑO
Preguntado por esta misma cuestión, el ministro Caamaño señaló que no debe dudarse de que la Fiscalía actuará en consecuencia "si existe algún ilícito, como lo hace siempre que alguien vulnera la ley".
Añadió que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que estimó oportuna respecto a la candidatura electoral del II-SP y que "los ciudadanos y también los poderes públicos" tienen "la obligación de acatar sus sentencias".
Agregó, en relación con el artículo de Gara, que "los hechos son los que son" y que desde el Gobierno se adoptarán todas las medidas necesarias para que ante el menor atisbo de incumplimiento de la ley" y si se cuentan con instrumentos legales para poder actuar, lo harán "sin ninguna duda", al igual que se hizo cuando se impugnó la candidatura.
DIFICULTADES PARA ILEGALIZAR
Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron a Europa Press la dificultad de promover desde la Abogacía del Estado una demanda de ilegalización específica ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo contra II-SP debido a que se trata de una candidatura creada para concurrir exclusivamente a las elecciones europeas y no de un partido.
Además, Sastre no pertenece a ninguna de las formaciones que integraron la coalición (comuner@s e Izquierda Castellana), lo que pone trabas a que se pueda perseguir a estas formaciones por las actitudes del que fuera el cabeza de la lista en la que ambas concurrieron conjuntamente.
En su impugnación ante el TS de la lista de II-SP, la Fiscalía incluía informes Policiales sobre la presunta la vinculación de los números 1 (Sastre), 2 (Doris Benegas) y 5 (Ángeles Maestro) con el entorno de Batasuna.
Ante ello, el Tribunal Constitucional incidió en su sentencia en que "sólo son acreditativos de una inclinación ideológica que en absoluto puede merecer censura en nuestro régimen constitucional democrático, por más que eventualmente pueda ser compartida por quienes pretenden hacerla valer por medio de la violencia".
