El asesinado vivía en el mismo inmueble en el que estaba el domicilio familiar de Zigor Bravo, que alertó a miembros de la banda
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha condenado a 28 años de cárcel a Zigor Bravo Sáez de Urabain al considerar que facilitó la información necesaria para que un 'comando' de la organización terrorista ETA asesinara el 22 de octubre de 2000 en Vitoria al funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera, que trabajaba en la cárcel de Nanclares de Oca.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal, que atribuye al etarra un delito de asesinato y otro de daños terroristas, destaca que antes del atentado el acusado frecuentaba el domicilio familiar, en el que vivía el funcionario, lo que le permitió facilitar a la banda información sobre su dirección, vehículo y ubicación en el garaje del inmueble.
Estos datos fueron transmitidos por el también etarra Juan Carlos Subijana a miembros no identificados de la organización terrorista que colocaron un artefacto explosivo del tipo lapa en los bajos del Citroën Xsara de Casado, que estalló a las 7.45 horas del citado día en el número 80 de la calle Beato Tomás de Zumárraga de la capital alavesa.
La explosión provocó un shock truamático y hemorragias en órganos vitales que causaron la muerte prácticamente en el acto del funcionario de prisiones, que estaba casado y tenía una hija de 12 años en el momento en que se produjeron los hechos.
REPETICIÓN DEL JUICIO
Bravo Sáez de Urbain y Subijana fueron condenados en marzo de 2010 a 25 años de cárcel como autores de un asesinato terrorista, aunque en febrero de 2013 el Tribunal Constitucional ordenó la repetición del juicio contra el primero tras advertir de que se había vulenardo su derecho a un proceso con todas las garantías porque la Audiencia Nacional tuvo en cuenta las declaraciones policiales que realizó su compañero.
Entre las pruebas valoradas por el tribunal para sostener la sentencia condenatoria se encuentra el testimonio de la viuda de Casado, que aseguró ante el tribunal que recordaba haber visto al acusado en el inmueble en el que vivían y que incluso le relacionaron con un escrito amenazante que fue hallado en su buzón.
