AUGC dice que éste sí es un acto gravemente contrario a la disciplina y no la manifestación que costó 20 expedientes a su directiva
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canarias ha condenado al general jefe de la Zona, Miguel Martínez García, a pagar 300 euros de multa cada 20 días hasta que ejecute un fallo judicial. Según informó hoy la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el juzgado ha remitido el caso al Juzgado Decano de Las Palmas por si se desprenden hechos constitutivos de delito.
Un afiliado de AUGC agotó en 2004 el conducto reglamentario para que todas las unidades radicadas en el puesto de la localidad de Vecindario realizan lo que se denomina "servicio de puertas", es decir, que participasen en el control de acceso. Este servicio sólo lo realizaban los integrantes de Seguridad Ciudadana con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de la localidad.
Capitán, coronel y general coincidieron en rechazar el contenido de la orden general, que dicta el director del Instituto Armado, por lo que, según contempla la Ley de Procedimiento Administrativo, el caso pasó a la justicia ordinaria.
El 7 de octubre de 2006, el Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas estimó el recurso de AUGC y ordenó que todas las unidades destinadas en el puesto de Vecindario realizaran "servicio de puertas". Sin embargo, el General Jefe de Canarias dictó con posterioridad a la Sentencia una orden interna que excluía del servicio de puertas en dicho cuartel a los efectivos de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Intervención de Armas y Plana Mayor.
AUGC recurrió nuevamente dicha orden basándose en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que determina "nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento". Así las cosas, el Juzgado instó por tres veces al cumplimiento de la sentencia, pero el General "perseveró en su desobediencia", según AUGC, por lo que el pasado 7 de febrero dictó la sentencia que conlleva multa.
"ACTO GRAVEMENTE CONTRARIO A LA DISCIPLINA".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, con 25.000 afiliados, aprovecha la sentencia para denunciar que éste sí es un "acto gravemente contrario a la disciplina" y no el presuntamente cometido por 20 dirigentes de AUGC el pasado enero cuando, de uniforme, se concentraron en la Plaza Mayor de Madrid exigiendo al PSOE que cumpla sus promesas electorales para la Benemérita.
Para AUGC, "la mentalidad de ciertos altos mandos de la Benemérita sigue siendo feudal y decimonónica". "Creen que la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado, al margen de la sociedad y de las leyes. Su concepción patrimonialista de la institución les hace dirigir la misma desde criterios absolutistas, de quienes otorgan privilegios y castigos en función de sus personales criterios. La mayoría de los cuales, como es este evidente caso, no guardan relación con el servicio a los ciudadanos y una planificación adecuada del trabajo policial de los agentes de la Guardia Civil", afirma AUGC.
La Asociación ha escrito al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que ordene la apertura del procedimiento disciplinario y depure la responsabilidad en la que hubiera incurrido el General Miguel Martínez García, quien debería, añade, ser cesado del cargo.
