SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año de prisión al presidente de la Asociación Cultural de la Comunidad de Inmigrantes de los Pueblos y Naciones de África Occidental, P.J., por un delito continuado de estafa contra inmigrantes a los que cobró dinero por tramitar ofertas de trabajo ficticias.
Según consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se le condenó además a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a una multa de seis meses con una cuota diaria de tres euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas procesales.
Por la vía de la responsabilidad civil, también se le condenó al pago de 200 y 150 euros a dos inmigrantes a los que estafó. la resolución no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de casación.
El texto judicial establece como hechos probados que el inculpado, un nigeriano de 36 años que reside en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), preside desde 2002 la citada asociación, con la que han contactado numerosos inmigrantes llegados a Sevilla para solicitar información y ayuda para legalizar su situación administrativa, confiados del buen hacer y honradez de las personas que la dirigían.
En nombre de la asociación, y actuando ésta como empleadora, el procesado realizó hasta 22 ofertas de trabajo a otros tantos inmigrantes entre octubre de 2002 y julio de 2003, ofertas todas ellas ficticias al no ser posible que el colectivo necesitase de tales servicios, a saber, nueve peones, cuatro para servicios de limpieza, seis para mozos, dos para auxiliares y uno para profesor.
Según reza en el texto, aprovechando el desconocimiento del ordenamiento jurídico español y la plena confianza que inspiraba el inculpado, dado el cargo que ostentaba, éste pidió a dos de los inmigrantes por tramitación de las ofertas de trabajo, que sabía "eran irreclinables", 600 y 400 euros respectivamente.
DEVOLUCION DE PARTE DEL DINERO
Como la oferta no se materializaba, uno de los estafados logró que P. J. le devolviera 400 de los 600 euros que pagó y, también para evitar una denuncia, éste devolvió al otro estafado 250 euros. Sobre el resto de estafados no consta que el inculpado les exigiera cantidad alguna porque no han podido ser localizados.
En los fundamentos de derecho se hace constar, entre otros asuntos, que el entonces presidente del colectivo sabía que esta entidad no puede materializar el trabajo que ofertaba pues "tan sólo le consta como sede física su domicilio y ninguna otra actividad" y, aún así, "no dudó en engañar" a los inmigrantes. "La asociación no tiene capacidad para contratar peones" ni demás trabajadores "por la sencilla razón de que no tiene ni siquiera un local donde ejercer su actividad".
Así las cosas, se sentenció que "todo responde a una trama ideada por el acusado para conseguir dinero de sus compatriotas, a los que mediante el engaño indujo a error, y le entregaron el dinero". De hecho, la cuantía que debe devolver a los estafados corresponde justamente a la que no les devolvió.
El condenado declaró durante la vista oral celebrada por la causa que nunca pidió dinero a los inmigrantes "porque no tenían para comer" y manifestó que llevaba nueve años afincado en España y que desde 2002 es el presidente de la asociación, ya que el anterior cesó en sus funciones "tras problemas con la Justicia".
También aseguró que había llegado a un acuerdo con los cinco inmigrantes que vivían en su casa con él, según el cuál estos les pagaban cada cierto tiempo una cantidad económica para sufragar los gastos, "pero no a todos, porque muchos de ellos sobrevivían vendiendo periódicos en la calle".
Asimismo, confirmó haber realizado "progresivamente" esas ofertas de trabajo, con vistas a que llevaran a cabo distintas labores en una futura 'Casa de África'. Este proyecto nunca llegó a realizarse --y, por tanto, tampoco se concretaron las ofertas laborales-- "porque el Ayuntamiento nos denegó el permiso cuando empezaron los problemas con la Justicia".
