SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a 15 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público durante dicho periodo por un delito de atentado contra un agente de la autoridad al que fuera presidente del comité de empresa de Astilleros de Sevilla en 2004, Ignacio Sánchez, El Indio. Se le consideró autor de la agresión a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía en un forcejeo ocurrido durante una manifestación de los trabajadores de la compañía en protesta por el anuncio de cierre de la misma el 2 de julio de dicho año. El forcejeo ocurrió cuando la Policía impidió a los manifestantes acceder a la SE-30 desde la esclusa del Puerto.
Así lo informó el propio procesado a Europa Press, quien anunció que va a recurrir el dictamen judicial ante la Audiencia Provincial de Sevilla porque "no es justo. La sentencia no coincide con lo que fue el juicio --celebrado el pasado día 23--, en el que ningún policía aseguró que hubiera sido yo el agresor. Fue un forcejeo más de los muchos que ha habido. La prueba está en que finalmente se nos permitió acceder a la SE-30".
Tras conocer la sentencia, emitida el pasado día 5 y adelantada hoy por el diario El Mundo, el procesado estimó que no cree que entre en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a dos años, al tiempo que dijo no entender el motivo por el que se le inhabilita para ejercer cargo público.
En la vista oral por el caso, El Indio negó los hechos, desmintiendo que pegara a ningún agente. Dijo que iba en la cabecera de la manifestación, que se identificó como presidente del comité y que iba hablando por el móvil con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, cuando "la Policía nos paró y nos caímos porque los trabajadores de atrás empujaban hacia adelante --a la llegada de los manifestantes a la entrada al puente del V Centenario-- y no sé si agarré a alguien" porque hubo un forcejeo.
Preguntado si vio a alguien que golpeara con un megáfono contra uno de los agentes actuantes, dijo que no, precisando fuentes judiciales que la causa abierta contra el acusado por este hecho quedó archivada, al no poder concretarse quien cometió esta agresión. De hecho, en la vista de hoy prestó declaración el agente afectado por esta acción quien, tras precisar --como sus compañeros-- que impidieron el acceso de los manifestantes a la SE-30 por orden de sus superiores, aseguró que recibió en el casco de seguridad un golpe de un megáfono por parte de un manifestante distinto del procesado.
Con todo, sí dijo que vio cómo el procesado golpeó en el pecho al inspector y que, "cuando fuimos a declarar, tenía la camisa rota". Sobre el golpe, dijo que podría haber sido un empujón pues "no sé si los de detrás empujaban, pero la primera línea se echó encima". Además, precisó que después se les permitió el acceso a la vía porque así se les ordenó después.
En cuanto al propio inspector lesionado, declaró que se dirigieron al procesado para comunicarle las órdenes recibidas "y no obedeció. Me agarró por el pecho con una mano y con la otra me golpeó en la cara a puño cerrado, no sé con qué intención. Me rompió la camisa y una cadena", concretando que le agredió de pie, desconociendo si después cayó al suelo. Por su parte, otro policía dijo que vio cómo agredían a un compañero con un megáfono, pero que no fue el procesado. También declaró un manifestante, que aseguró que no vio al procesado realizar agresión alguna en ningún momento. "Yo me caí y él --el procesado--, cayó encima mía", relató.
El fiscal había pedido un año y medio de prisión para el procesado, al que acusaba de un supuesto delito de lesiones, multa de un mes con cuota diaria de seis euros por una falta de lesiones y el pago de una indemnización de 250 euros en favor de la víctima. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución pidiendo el reconocimiento de las atenuantes de dilaciones indebidas --porque el proceso "estuvo paralizado diez meses"-- y de reparación del daño.
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