BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 6.000 euros a una víctima de violación por un error judicial que provocó que su violador, Tomás P.C., saliera en libertad provisional durante la instrucción del caso, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
En octubre de 2002, Tomás P.C., después de agredir a una mujer que consiguió escapar, amenazó con una navaja a Lucía M. y la llevó a un paraje forestal donde la ató a un árbol la agredió sexualmente, la apuñaló en el cuello y la arrojó por un barranco, según publicó hoy el diario 'El Punt'.
El acusado, detenido seis días después de los hechos, ingresó en prisión provisional mientras se investigaba el caso pero quedó en libertad en 2004, al cumplirse los dos años, por un error judicial que provocó que no se solicitara la prórroga de la prisión provisional hasta el máximo legal de cuatro años.
La víctima denunció estos los hechos y aseguró que "el personal del juzgado" le había desaconsejado recurrir a un abogado, por lo que confió en la labor del Ministerio Fiscal sin que nadie le explicara que eso suponía quedar excluida del proceso penal. También considera una "dilación indebida" de todo el procedimiento.
La Audiencia alega que no existe constancia de que el personal de justicia le desaconsejase recurrir a un abogado. Sin embargo, sin llegar a "profundizar en las causas", acepta el mal funcionamiento de la Administración de Justicia que provocó que el acusado fuera puesto en libertad.
Según la sentencia, el error provocó "una situación de riesgo" para las víctimas que generó en Lucía M. una "lógica situación de ansiedad e inseguridad", por lo que obliga al Estado a pagarle 6.000 euros de indemnización.
Sobre la dilación del proceso, el tribunal considera que la fase de instrucción se desenvolvió "sin paralizaciones ni demoras", teniendo en cuenta la complejidad de la causa y el tipo de delito.
Finalmente el juicio de Tomás P.C. se celebró de urgencia en diciembre de 2004 --aunque la sentencia no se dictó hasta dos meses más tarde-- y fue condenado a 26 años de prisión.
