Condenan al ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín a ocho años de inhabilitación por prevaricación urbanística

Actualizado: sábado, 22 noviembre 2008 12:40

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de prevaricación urbanística, por la concesión en 2002 de una licencia en la zona de La Leala.

El ex regidor benalmadense tiene la intención de recurrir esta sentencia y pretende, en el caso de que sea revocada, poder presentarse a las próximas elecciones municipales, según publican hoy los diarios 'Málaga Hoy' y 'El Mundo'.

Durante el juicio, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió la licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".

La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no había cometido "ningún delito".

Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".

Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.

Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.

El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.