El Congreso activa la reforma de la Ley de Indultos tras la amenaza del PP de presentar otro texto

Isabel Rodríguez, diputada del PSOE
GPS CONGRESO
Publicado 26/09/2018 17:14:19CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Congreso ha acordado convocar para el próximo 9 de octubre la constitución de la ponencia de la reforma de la Ley de Indultos, auspiciada por el PSOE, después de que el PP amenazara con presentar otro texto centrado en el independentismo catalán si no se impulsaba de una vez la iniciativa, que llevaba meses bloqueada.

Esta proposición del PSOE, registrada en agosto de 2016 y aceptada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto --que data de 1870-- para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.

Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces nada se ha movido hasta que, esta semana, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió la convocatoria de la ponencia para impulsar la tramitación.

En concreto, Montserrat dio un ultimátum de 24 horas al PSOE para activar la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión. Es más, avisó de que, si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal.

REUNIÓN CONSTITUTIVA

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la comisión que preside la socialista Isabel Rodríguez estudió este miércoles el recurso de Montserrat y decidió fijar para el 9 de octubre la constitución de la ponencia.

Será una primera reunión a la que seguirán otras y donde se irá decidiendo qué enmiendas se incorporan a la proposición de ley original del PSOE. De entrada, el PP ya ha anunciado su objetivo de excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Todo ello a raíz de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostrara partidaria de indultar a los líderes soberanistas presos o de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara que "no sería lógico alargar la prisión preventiva" si el juicio de los políticos del procès se dilata en el tiempo.