MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados se dispone a aprobar hoy una Proposición de Ley para el tratamiento de la deuda externa que establece un marco legislativo en la gestión de la deuda orientado a erradicar la pobreza y que convertirá a España, después de Italia, en el segundo país europeo en dotarse de una legislación de este tipo.
La ley, promovida por CiU, supone según este grupo un paso adelante en la construcción de una política de cooperación comprometida, justa y que responde a las demandas de la sociedad actual. En este sentido, el ponente de la misma y portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, destacó en declaraciones a Europa Press el papel "pionero" de la ley en Europa y que ésta norma "supera la visión estrictamente financiera" de la deuda.
Según Campuzano, la norma es un instrumento "sumamente importante para que nos comprometamos con el objetivo de erradicación de la pobreza". Asimismo, el diputado destacó la "transparencia" que aporta la nueva ley respecto a la gestión de la deuda, ya que contempla el control parlamentario y permite la participación de la sociedad civil a través de su presencia en el Consejo de Cooperación.
Con ello, concluyó, "planteamos una manera de hacer política más cercana a los ciudadanos". El diputado espera que el proyecto de ley cuente hoy con el respaldo de todos los grupos políticos en el Congreso, donde se votará mañana, si bien aún no está claro si IU y ERC, que votaron en contra inicialmente en el Congreso, darán su visto bueno a todas las enmiendas introducidas y que se votarán mañana antes de que la ley se publique en el BOE y entre en vigor.
El texto insta al Gobierno a que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley presente ante el Congreso un plan para renegociar y en su caso cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados (HIPC) antes del 31 de diciembre de 2003 teniendo esta deuda origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), dentro del acuerdo del Club de París.
Esta deuda, según datos del Gobierno, asciende actualmente a 1.198 millones de euros, de los que 636 millones son deuda oficial y 562 millones corresponden a CESCE e ICO y se reparten entre los 38 países altamente endeudados.
REGULACION DEL FAD
Asimismo, también se insta al Gobierno a que se presente y apruebe antes de finales de legislatura un proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE para mejorar estos instrumentos que generan deuda externa.
La nueva ley vincula la gestión de la deuda externa a la política de cooperación al desarrollo. En este sentido, estas medidas se dirigirán preferentemente a los países en vías de desarrollo con menor renta y mayor nivel de endeudamiento y, en especial, a los que sean prioritarios para la cooperación española.
A partir de ahora, la política española de gestión de la deuda externa se regirá por el principio de condicionalidad, en virtud del cual España se asegurará de que sus actuaciones de deuda externa se condicionarán al compromiso de los países deudores a reducir su nivel de pobreza, a avanzar en la democratización del país, a profundizar en el respeto de los Derechos Humanos y la conservación del medio ambiente.
TRANSPARENCIA
Asimismo, se rige por el criterio de transparencia, contemplando el control parlamentario de la política del Gobierno en la materia. Así, el Parlamento analizará y debatirá anualmente la política de gestión de la deuda externa a partir de información que el Ejecutivo remitirá a la Cámara. También se recoge la posibilidad que tanto la sociedad civil como el mundo académico puedan participar en estos debates parlamentarios.
Por otra parte, permite a la sociedad civil vinculada a la erradicación de la pobreza la posibilidad de que estén presentes de forma activa a través de una expresa participación del Consejo de Cooperación en el control y seguimiento de esta política de gestión de la deuda externa.
La nueva ley apuesta por la política de conversión de deuda externa para avanzar de manera clara en el proceso de desligar la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles. Además en la política de conversión de la deuda se fomentará en primer lugar la participación de actores locales, primando el apoyo al tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los países beneficiarios.