ERC y CIU piden flexibilizar requisitos para acreditar la titularidad e IU-ICV pide indemnizaciones por inmuebles alquilados
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso tiene previsto decidir mañana si tramita tres proposiciones presentadas por ERC, CiU e IU-ICV para reformar la Ley que regula la restitución a los partidos políticos de los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Mientras ERC y CIU piden flexibilizar los requisitos para acreditar la titularidad de los inmuebles, IU-ICV solicita que también puedan recibir indemnizaciones que eran "arrendatarias" de los edificios de los que se vieron despojadas.
La Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, que los nacionalistas de CiU y PNV consensuaron con el PP en el marco de los acuerdos de gobernabilidad que permitieron la investidura de José María Aznar en 1996, tenía por objeto la devolución a los partidos de los bienes y derechos de contenido patrimonial que les fueron arrebatados entre 1936 y 1939.
Sin embargo, los grupos proponentes consideran que la aplicación de esta norma se ha encontrado con numerosas dificultades que han hecho imposible que las formaciones afectadas puedan ver restituidos todos sus bienes y reclaman, por tanto, que se reformen algunos de sus artículos.
Por ejemplo, ERC y CiU coinciden en la necesidad de suavizar los requisitos para acreditar la titularidad de los inmuebles y plantean que en el caso de que no se dispongan los datos necesarios para determinar los bienes y derechos perdidos o incautados, podrán determinarse mediante la utilización de los elementos que "indirectamente los acrediten".
En concreto, ERC quiere que sirvan como prueba "testimonios actuales y de la época que por su conocimiento directo o indirecto" pudieran demostrar a quién pertenecían los inmuebles. Por su parte, CiU abre la posibilidad a que el Consejo de Ministros fije equitativamente una compensación para los casos en que se haya acreditado el perjuicio patrimonial, pero no hubiera podido determinarse ni siquiera por medios indirectos la totalidad de los elementos del mismo.
REVISAR EL VALOR DE LOS YA DEVUELTOS.
Además, los republicanos reclaman que la ley contemple la devolución de los locales vinculados a los partidos como las casas del pueblo, ateneos, círculos o fraternidades. También solicita que se revise el valor de los bienes ya devueltos en virtud de la norma aprobada en 1998 para ajustarlos al valor de mercado en el momento de su restitución y pagar la diferencia a los partidos.
El grupo parlamentario que preside el secretario de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, demanda que se compense también la pérdida de derechos de contenido patrimonial como consecuencia de las incautaciones, así como a las formaciones que vieron intervenidas sus cuentas y depósitos bancarios.
Los nacionalistas catalanes abogan por que el importe de la compensación sea el resultante de actualizar la cuantía incautada según el Indice del Valor Constante de la Peseta y Euro elaborado por el Banco de España.
TOPES DE 4 A 5 MILLONES DE EUROS
Al igual que CiU, IU-ICV solicita compensaciones por la incautación de bienes alquilados. En concreto, CiU circunscribe este apartado a los inmuebles urbanos que el partido tuviera arrendados, mientras que el grupo parlamentario que preside Gaspar Llamazares propone que, en los casos en los que falte documentación para acreditar la condición de arrendatario, se acuerde la indemnización atendiendo a una duración del contrato de 10 años y una renta de 9 nueve euros anuales, con la actualización correspondiente.
Las tres formaciones defienden que el Consejo de Ministros revise de oficio los expedientes incoados confirme a la Ley de 1998 y que hubieran sido desestimados en la vía administrativa o judicial. Además, mientras que ERC fija en 4 millones de euros la cantidad máxima a percibir por cada beneficiario, IU-ICV apuesta por elevar el tope hasta los cinco millones de euros.
