El Congreso debate el martes sobre pensiones de parlamentarios y ex presidentes del Gobierno

EP

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá el martes, en su primera reunión de 2011, sobre la conveniencia de introducir medidas para endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los parlamentarios españoles y los altos cargos del Gobierno e incluso para limitar las indemnizaciones vitalicias a las que tienen derecho los ex presidentes del Ejecutivo y suprimir el complemento de pensión que rige para los diputados y senadores.

Este debate, que tendrá lugar pocas semanas después de que se haya conocido el 'fichaje' por sendas compañías eléctricas de José María Aznar y Felipe González, que reciben unos 80.000 euros anuales por haber sido inquilinos de La Moncloa, llegará al hemiciclo de la mano de IU-ICV y de Unión, Progreso y Democracia.

La diputada de UPyD Rosa Díez, ha decidido utilizar el voto particular que va a presentar a las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones para suscitar el debate sobre el complemento de pensiones del que disfrutan sus señorías.

Según ha explicado ella misma a Europa Press, propondrá aprovechar la reforma de las pensiones para que los parlamentarios adapten su régimen al del resto de los ciudadanos sin disfrutar de ningún "privilegio" sobre sus representados.

Díez ya ha intentado en dos ocasiones sin éxito que las Mesas del Congreso y el Senado revoquen el acuerdo según el cual las Cámaras pueden facilitar a los diputados y senadores con al menos siete años en activo alcanzar la pensión máxima en el caso de que, una vez que se jubilen, no hayan cotizado los años necesarios para tenerla por su actividad profesional.

Por su parte, a raíz de los fichajes de Aznar y González, IU e ICV han decidido someter a debate la proposición de ley que registraron a finales de 2008 para endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos miembros del Ejecutivo, diputados, senadores y otros cargos públicos.

En concreto, el Pleno tendrá que decidir si toma en consideración una reforma que afecta tanto a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como a la que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado.

LÍMITES A LAS PENSIONES DE LOS EX

La iniciativa de IU-ICV persigue limitar las indemnizaciones que reciben los miembros del Gobierno y otros altos cargos --presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, fiscal general del Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo-- cuando dejan de serlo.

La idea es instituir una indemnización mensual --igual a la doceava parte del 60 por ciento del total de retribuciones asignadas a cada cargo-- que se cobre por un máximo de dos años y que nunca supere el sueldo del presidente del Gobierno. Además, esa pensión será incompatible con cualquier otra retribución pública, las que se perciban por pertenecer a la dirección de un partido político o por el desempeño de "cargos directivos o de gestión en empresas privatizadas".

NO COBRAR FUERA DE LAS CORTES

En lo que se refiere a los parlamentarios, la intención de IU-ICV es la ley deje claro que tener un escaño en el Congreso o el Senado es incompatible por el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma.

Incluso se busca declarar incompatibles con la tarea de parlamentario las funciones de dirección, representación, asesoría o prestación de servicios de cualquier tipo a entidades privadas que impliquen colisión con las funciones legislativas, independientemente de si se cobra o no por ellas.

También plantean que los parlamentarios y altos cargos no puedan tener participaciones superiores al 10 por ciento en actividades empresariales o profesionales que contraten con el sector público y que se prohíba a los altos cargos poseer más de un 10 por ciento de participación en empresas que tengan conciertos o contratos con compañías privatizadas hace menos de diez años.

REFORZAR LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES

Con esta modificación se pretende evitar que haya parlamentarios que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias a la vez que cobran, directa o indirectamente, de la empresa privada por labores de asesoría en las mismas materias.

Para velar por el cumplimiento de la nueva norma, se propone reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses, el órgano encargado de vigilar el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades e instruir los correspondientes expedientes sancionadores.

Las sanciones que en su caso afecten a miembros del Gobierno o secretarios de Estado corresponderán al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, si afectan a los parlamentarios, correrán a cargo de la Comisión del Estatuto del Diputado o de la de Incompatibilidades del Senado.

El texto de IU-ICV también busca someter a criterios de transparencia la relación que mantienen los poderes legislativo y ejecutivo con los grupos de presión o 'lobbies' y da seis meses al Gobierno para presentar un proyecto de ley sobre esta materia.