MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá mañana una proposición no de ley del PSOE en la se insta al Gobierno a reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos que sufren "persecución, amenazas u hostigamiento" en numerosos países y a garantizar que puedan acceder a recursos, incluidos los financieros.
Además, el PSOE pide al Ejecutivo que apoye política y financieramente el funcionamiento efectivo del mandato del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos, en cuyo último informe ha denunciado "la grave situación de vulneración de derechos" que sufre este colectivo.
De hecho, los socialistas destacan en su iniciativa que la promulgación de legislación antiterrorista en varios países "puede contribuir al incremento de violaciones de derechos humanos y a la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos"
PUNTOS DE CONTACTO CON DEFENSORES AMENAZADOS.
También pide que el Gobierno ponga en práctica las directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos de junio de 2004 y promueva recomendaciones específicas para que las mujeres defensoras que sufren riesgos particulares "en razón de su género gocen de apoyo y protección efectiva".
El PSOE insta al Ejecutivo a que establezca por sí mismo o conjuntamente con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros de la UE, puntos de contacto con los defensores de derechos humanos amenazados. Asimismo, pide que realice "un seguimiento estrecho en el terreno, compartiendo información acerca de la situación de los defensores amenazados, manteniendo contacto con ellos" y que exprese "sus preocupaciones a las autoridades del país en el que se cometen dichas amenazas".
Finalmente, solicita fomentar "los lazos de cooperación entre los mecanismos universales y regionales de protección por parte de las organizaciones internacionales, de manera que se garantice una mejor coordinación y estrategia efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos en todo el mundo". También propone que el Gobierno informe periódicamente al Congreso de las acciones y medidas adoptadas para cumplir estos compromisos.
