MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Congreso aprobó hoy por unanimidad hoy una proposición no de ley del PP en la que se reclama que los ciudadanos puedan juzgar y hacer aportaciones a través de Internet sobre las iniciativas legislativas que vaya a poner en marcha el Gobierno antes de que éstas sean aprobadas por el Consejo de Ministros y remitidas a las Cortes Generales para su tramitación.
El PSOE presentó una enmienda para mejorar técnicamente la iniciativa de los 'populares' y dejar claro las fases en las que el debate podrá abrirse a los ciudadanos, dado que, según recordó el socialista Elviro Aranda, la Constitución reserva al Gobierno la potestad para presentar proyectos de ley. Argumentando que su grupo estaba de acuerdo con el fondo de la propuesta del PP, finalmente el PSOE retiró su enmienda, evitando así la posibilidad de que el texto saliera adelante sin su apoyo.
Así las cosas, se aprobó la propuesta original del PP, en la que se solicita que el Ejecutivo 'cuelgue' en la página www.060.es información específica sobre sus anteproyectos de ley, así como los antecedentes que consideren necesarios sobre los mismos y que establezca la normativa precisa para que los ciudadanos puedan opinar sobre estos textos antes de que el Consejo de Ministros les dé luz verde.
Además, la Cámara Baja emplazó al Ejecutivo a remitir al Congreso de los Diputados, junto con sus iniciativas legislativas, las aportaciones que los ciudadanos hayan realizado durante esa fase de debate público.
ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN
El diputado del PP Rafael Merino justificó la propuesta en la necesidad de "estimular la participación ciudadana en los procesos legislativos y facilitar la presentación de sus propuestas, sugerencias u opiniones sobre las iniciativas legislativas del Gobierno".
En la exposición de motivos de su texto, el PP recordaba que el Gobierno, entres las medidas incluidas en el Plan Moderniza para el periodo 2006-2008, ya anunció la posibilidad de someter a consulta pública "determinados anteproyectos de normas, así como planes, programas o cualquier otra acción antes de su aprobación. Sin embargo, según denunció Merino, "la realidad ha confirmado que la aplicación práctica de esta iniciativa ha tenido un carácter muy excepcional".
Por todo ello, en aras de "mejorar la calidad democrática" el PP, Merino abogó por establecer una "estructura orgánica que posibilite la intervención de los ciudadanos en los procesos políticos de decisión, promoviendo que la sociedad civil se convierta en un interlocutor en la discusión política, mejorando o habilitando cauces que faciliten su contribución en los procedimientos legislativos".
