Reclama criterios más restrictivos para exportar material antidisturbios y de doble uso
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad un dictamen en el que emplaza al Gobierno a que suspenda la exportación de material de defensa, "de otro material o los productos y tecnologías de doble uso", a aquellos países en los que se produzca un conflicto armado.
El documento, pactado transacionalmente, plantea que se suspenda esta exportación a estos países cuando existan "indicios racionales" de que dicho material pueda "exacerbar" el conflicto, ser utilizado de manera contraria al respecto a la "dignidad inherente" al ser humano o utilizarse para cometer violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, aunque "dicha exportación estuviera autorizada previamente".
En el dictamen, de 28 puntos, el Parlamento también insta al Ejecutivo a que en las ventas de material antidisturbios y de uso policial se aplique un "criterio más restrictivo" que considere la situación de los derechos humanos y la naturaleza democrática del país importador, que evite transferencias de este tipo de material a determinados países.
Sobre este asunto, también pide que en las ventas de material de doble uso se introduzcan criterios más restrictivos que los aplicados por el Gobierno para evitar que este tipo de material llegue a importadores "de los que existe fundada sospecha de que están embarcados en la fabricación clandestina de armas".
Asimismo, el documento expone la necesidad de que continúen los esfuerzos para que las industrias del sector elaboren un Código Ético en relación a la exportación de bienes de Defensa. También reclama al Gobierno que facilite información "detallada" al Congreso sobre los criterios que usó para autorizar y realizar transferencias de material de Defensa en 2008 a países que presentan dudas sobre el respeto a los derechos humanos, o "gravar considerablemente la pobreza".
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El Congreso solicita al Gobierno que le facilite información más detallada sobre las armas de caza y tiro deportivo y sus municiones exportadas, así como que explique con mayor detalle las garantías recabadas de que no hay riesgo de desvío o reexportaciones de estos productos a lugares donde "pueden contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario".
En esta línea, reclama al Ejecutivo que dé instrucciones a los agregados de Defensa de las embajadas españolas en los países de destino "preocupantes" en materia de derechos humanos, pobreza o criminalidad y violencia armada, para que "hagan el mejor seguimiento posible dentro de sus capacidades, medios y competencias, del uso efectivo del material de defensa y de doble uso".
También pide al Gobierno que facilite información detallada sobre los criterios seguidos en la denegación de operaciones. "Dicha información contendrá el nombre del Estado al que se ha denegado la operación, la naturaleza, motivo y cuantía de la misma, ya que de esta manera se ofrece garantía de una aplicación ecuánime de los criterios de autorización y se puede dar seguimiento a las recomendaciones del Congreso sobre la suspensión de transferencia de armas", expone.
El documento pide que a los efectos de eliminar trabas administrativas que "puedan perjudicar a todo un sector industrial, y puesto que ello no atentaría ni contra la seguridad ni al control en el tráfico de armas y material de doble uso, "se exima de licencia tanto para la exportación como para la importación, al comercio exterior de las armas de avancarga que sean réplicas de armas antiguas".
Solicita también el Congreso que se facilite a la Comisión de Defensa el informe de estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso con la "antelación suficiente" para así facilitar que los portavoces de los diferentes grupos puedan llevar a cabo el "estudio y análisis detallado del mismo".
Durante su intervención en la Comisión, el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, planteó que aunque "todas las empresas españolas lo cumplen, no está de más que el Parlamento les recuerde" que tienen que tener cierta "auto regulación", pues el material con el que comercian es "sumamente sensible y requieren un comportamiento ético y moral especialmente riguroso". Agregó que el sistema de control de venta de armas español es "de los más avanzados de la comunidad internacional".
Por su parte, Celestino Suárez González, del PSOE, apostó por acabar con el "tráfico ilícito de armas por las nefastas consecuencias que tiene", y aseguró que el documento pactado recoge "lo básico" en materia de control". Igual que Cosidó, indicó que España tiene "uno de los sistemas de control de armas más avanzados del mundo".
