En su borrador de propuesta, defiende un mayor liderazgo de AECID y apuesta por un nuevo Estatuto del Cooperante
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una cooperación feminista y ecologista, en la que la Agenda 2030 sea un eje central y en la que la lucha contra la pobreza, por los Derechos Humanos y la defensa de la diversidad y la discapacidad sean piezas fundamentales. Esa es la propuesta que está ultimando el Congreso de los Diputados para el Gobierno de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.
Dichos planteamientos están recogidos en el borrador de informe elaborado por la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo al que ha tenido acceso Europa Press. El documento deberá ser aprobado este martes en dicha subcomisión antes de pasar a su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados.
El informe está dividido en dos grandes bloques, uno primero en el que se abordan lo que se considera que deben ser las futuras estrategias de la Cooperación Española, y un segundo en el que se trata el aspecto institucional, así como la financiación y la regulación del trabajo que hacen los cooperantes.
Además de apostar por una acción humanitaria renovada, lo que pasa entre otras cosas la creación de una Dirección General de Acción Humanitaria, se defiende que hay que avanzar hacia "una cooperación feminista". En este apartado, la meta es "alcanzar el liderazgo internacional de la Cooperación Española en la promoción internacional de la igualdad de género y la agenda de las mujeres, adolescentes y niñas".
También se considera necesario "establecer áreas de actuación prioritarias dirigidas a paliar las causas de la desigualdad y discriminación por razón de género" como pueden ser la trata, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil, entre otras, así como un marco de evaluación sobre el impacto de género de la cooperación.
Por otra parte, los diputados que han elaborado el informe --quince de todos los grupos-- consideran que la Cooperación Española también debe ser "ecologista", lo que pasa por que la misma "contribuya a la lucha contra el calentamiento global y la crisis climática, favorezca la conservación, restauración y gestión sostenible de los ecosistemas, y promueva la transición energética y la transformación de los sistemas agroalimentarios de los países empobrecidos".
Asimismo, creen que en el futuro el Gobierno deberá trabajar en pro de "prácticas y herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras por razones medioambientales" así como "continuar impulsando en los foros internacionales un mayor compromiso en la mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la emergencia climática".
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por último, se debe avanzar "hacia una Cooperación basada en Derechos Humanos y defensora de quienes los defienden". Dentro de este apartado se habla de promover la salud global "como derecho y bien público global", priorizando "la salud sexual y reproductiva como una medida de primer orden" así como la "promoción del agua como derecho humano y bien público global".
Igualmente, se considera prioritario trabajar en aras de la erradicación de la pobreza y en la lucha contra la desigualdad, así como en la "inclusión social y derechos de las personas con discapacidad". En este apartado, el texto se pone como meta "alcanzar el liderazgo internacional de la Cooperación Española en la promoción internacional de los derechos de las personas con discapacidad".
También se recogen en este punto la diversidad sexual y derechos LGTBI, cuestión en la que el Gobierno debería "liderar una hoja de ruta global para impulsar el reconocimiento de la diversidad sexual como bien público global"; la "cultura como motor de desarrollo" o garantizar los derechos de la infancia y la juventud y el derecho a una educación universal sin brechas.
Por lo que se refiere a la "actualización de la arquitectura institucional del sistema de Cooperación", en primer lugar se hace hincapié en que esta política debe estar vinculada a la política exterior y se debe intentar que haya colaboración entre Exteriores y otros ministerios así como con la Presidencia del Gobierno.
REFORMA DE AECID Y NUEVO ESTATUTO DEL COOPERANTE
Uno de los puntos clave es que la petición de que se lleve a cabo "una revisión en profundidad de la actual estructura institucional que apuntale el liderazgo y eleve el perfil político de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)".
La agencia, destaca el borrador, debe ser el "pilar central" de la política de cooperación y se debe dejar atrás "su actual fragmentación y descoordinación".
Para ello, debe asumir la responsabilidad de la gestión de "todas las modalidades de cooperación (de la técnica a la financiera)"; se debe simplificar y armonizar sus estructuras para una mayor eficiencia y flexibilidad, y se la debe dotar, entre otras cosas, de "un modelo de gestión económica y de personal más flexible".
En otro orden de cosas, se apuesta por "elaborar y aprobar un nuevo estatuto de las y los cooperantes que dignifique la situación laboral de los profesionales del sector de la cooperación, y que genere condiciones de igualdad de acceso a los servicios públicos e incluya medidas de conciliación y de apoyo en el retorno".
Dentro de este apartado, el borrador de informe también llama a "avanzar en la definición de una carrera profesional especializada en cooperación internacional para el desarrollo dentro de la administración", una reivindicación de este sector y que el actual director de AECID, Magdy Martínez Solimán, trasladó en su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional.
Lo que se busca con ello es atraer "perfiles mixtos (puestos funcionariales y laborales)", así como permitir "la movilidad del personal y su promoción tanto en sede como en terreno", algo que actualmente no es posible para quienes trabajan en la AECID, y resolver "la situación de precariedad en la que se encuentra el personal en el exterior".
FINANCIACIÓN
Para terminar, en el apartado de los recursos financieros, el documento defiende que la futura ley debe "blindar el compromiso histórico internacional y de la ciudadanía española con el crecimiento y el fortalecimiento de la política de cooperación, garantizando legalmente el suelo mínimo de destinar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030".
En 2020, España destinó el 0,24 por ciento de su RNB a ayuda al desarrollo, un dato mejor que el 0,21 por ciento del año anterior pero t todavía alejado de la meta del 0,5 por ciento para el final de legislatura que se ha marcado el actual Gobierno.
Asimismo, el informe reclama que al menos el 10 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo se destine a acción humanitaria y que haya un compromiso progresivo para que un 30 por ciento del presupuesto de AOD "sea destinado de manera principal a la promoción de los derechos de las mujeres".
