López Aguilar dice que refuerza la unidad del Poder Judicial y el PP asegura que es consecuencia del Estatut.
MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy la enmienda de totalidad del PP contra el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que reforma el recurso de casación y establece la segunda instancia penal. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defendió la iniciativa asegurando que "reforzará la unidad del Poder Judicial", pero los 'populares' argumentaron que la reforma es consecuencia del Estatut y que su aplicación establecerá diferentes interpretaciones de la ley en cada comunidad autónoma.
La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 16 de diciembre y aún pendiente de tramitación parlamentaria, reforma 21 leyes procesales y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se podrá interponer únicamente contra las infracciones que se produzcan en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal, y está orientado a la unificación de doctrina ante discrepancias que puedan surgir entre resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia.
López Aguilar criticó en su intervención la "lectura estrambótica" hecha desde "algunos ámbitos de opinión", según los cuales la reforma perjudicará a "la unidad del Poder Judicial, e incluso a la unidad del Estado y a la de España". Esta interpretación, hecha desde "la fatuidad, la ignorancia y el desprecio a la verdad, no aguanta el menor contraste con la lectura del contenido" del proyecto, añadió.
Es más, según el ministro, la reforma "reforzará la unidad del Poder Judicial", y contribuirá a que "cada escalón" del sistema de Justicia "funcione mejor", lo que redundará en "una Justicia más ágil" y contribuirá a acabar con la "lentitud e ineficacia que padece".
De esta forma el Tribunal Supremo se verá "liberado" de mucha de su carga de trabajo, puesto que su labor se centrará en unificar la doctrina y la interpretación de las leyes estatales, cuando se produzcan contradicciones entre las resoluciones de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
PP: CONSECUENCIA DEL ESTATUT
Por el contrario, el ponente del PP, Julio Padilla, criticó el proyecto, respecto al cual mostró su "más absoluto desacuerdo", y solicitó que el Congreso devolviese el texto al Gobierno, al considerar que provocará que se den diferentes interpretaciones de la ley en cada comunidad autónoma y que sustituye el Tribunal Supremo por los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Afirmó también que el proyecto es la "consecuencia" de la reforma del Estatuto de Cataluña aprobada la semana pasada en el Congreso, causa a la cual achacó "la prisa en la tramitación" de la reforma del recurso de casación. En este mismo sentido, también consideró que el Gobierno se encuentra "condicionado" por sus apoyos parlamentarios en el Congreso.
A pesar de las críticas, el portavoz del PP reconoció que la iniciativa del Gobierno "tiene cosas buenas", como el establecimiento de la segunda instancia penal y concluyó subrayando la necesidad de que el Supremo sea "el tribunal único para un recurso de casación único".
INSUFICIENTE PARA EL ESTATUT.
También el portavoz de CiU Jordi Jané relacionó la reforma del recurso de casación y el Estatut de Cataluña, pero en un sentido diametralmente opuesto. En su opinión, el texto que propone el Gobierno es insuficiente porque "no da respuesta al texto de autonomía aprobado la semana pasada en el Congreso".
El Estatut, añadió, reconoce al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como "la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña y de los recursos tramitados" en esta comunidad. Por ello, el portavoz de CiU condicionó el apoyo de su grupo a la iniciativa del Gobierno a la "adaptación" del recurso de casación al proyecto estatutario catalán.
Por su parte, el representante de ERC Agustí Cerdá se congratuló de que su partido haya sido "corresponsable, partícipe y cómplice" de este proyecto de ley, que según él acerca la Justicia a los ciudadanos. Además, animó al Gobierno a "ir más allá" y "descentralizar el poder Judicial, creando en Cataluña un Consejo Judicial propio y un fiscal general de Cataluña".
La portavoz del PNV Margarita Uría rechazó también que el proyecto "rompa la unidad" del Poder Judicial y aconsejó que el Tribunal Supremo se "limite" a su "función esencial de casación y unificación de doctrina", solicitando una reforma de la ley del Poder Judicial "más respetuosa con el Estado autonómico" que la propuesta del Ejecutivo.
La diputada de IU-ICV Isaura Navarro aseguró también en el Pleno que ha leído "con cariño" la enmienda total del PP, que por su "argumentario rocambolesco vale lo mismo para defender que para criticar" el proyecto del Ejecutivo. Coincidió con los anteriores grupos en pedir al Gobierno que "ahonde en la dimensión autonómica de la Justicia", lo que según ella redundará en una mayor especialización y agilidad del Tribunal Supremo.
SEGUNDA INSTANCIA PENAL.
Sin embargo, todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, coincidieron en la necesidad de establecer una segunda instancia penal, como recoge el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque prácticamente no se refirieron a este aspecto de la iniciativa legislativa.
Según el proyecto de ley, se generalizará la segunda instancia penal, para lo que se ampliará el recurso de apelación. Éste se extenderá a todo tipo de delitos, incluyendo las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, que podrán ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia respectivo, y las de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que serán recurribles ante una nueva Sala de Apelación.
Tras el rechazo de la enmienda de totalidad del PP, que no recabó apoyos del resto de formaciones de la oposición, la reforma seguirá su curso en el Congreso con el debate de las enmiendas parciales, donde las formaciones minoritarias tratarán de lograr cambios para profundizar en la concepción autonómica de la Justicia.
