(((Esta noticia amplía el anterior sobre el mismo tema)))
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy de manera definitiva el proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que, según datos oficiales, ascienden a cerca de 1,2 millones de españoles.
El texto contó con el aval de la mayoría de las formaciones políticas, con distintos matices, y solo se opusieron al mismo los nacionalistas de CiU y PNV al entender que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en materia de servicios sociales. Además, no ven garantizada la suficiencia financiera, la progresividad y el acceso universal a los servicios, por el sistema de copago contemplado.
La denominada Ley de la Dependencia desarrolla el 'cuarto pilar' del Estado del Bienestar, por el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos al llegar a ancianos o a consecuencia de un accidente o enfermedad invalidante. Los ciudadanos deberán realizar una aportación, en función de su renta, pero nadie quedará desatendido por falta de recursos.
Al igual que ocurre con las pensiones, la educación obligatoria o la sanidad pública, los españoles ven hoy reconocido un nuevo derecho de ciudadanía, universal y subjetivo a recibir servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día o residencias, así como prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.
La norma tendrá un desarrollo gradual hasta 2015 y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. Según la memoria económica, la Administración General del Estado aportará 13.000 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar.
UNA LEY "MANIFIESTAMENTE INCONSTITUCIONAL".
A pesar del respaldo mayoritario a la Ley, el debate no estuvo exento de polémica por la defensa que realizaron los grupos sobre sus aportaciones al texto y el asunto competencial. Sobre este último punto, el 'peneuvista' Emilio Olabarría advirtió de que la norma es "manifiestamente inconstitucional", además de suponer un "desafuero sin precedentes" al País Vasco, que comparó con el que realizó el régimen franquista.
A su modo de ver, la ley de la Dependencia invoca "títulos competenciales falsos", plantea "falsos dilemas conceptuales e intelectuales" y "no cumple los requerimientos de universalidad, progresividad y suficiencia". "Esta ley no es buena", aseveró.
En la misma línea, Carles Campuzano (CiU), advirtió de que la norma deberá ser corregida por "otras mayorías parlamentarias o por el Tribunal Constitucional", dado que "vacía de contenido las competencias exclusivas en servicios sociales". De hecho, cree que se trata del "primer acto de deslealtad hacia el nuevo Estatuto de Cataluña".
Por otra parte, CiU entiende que la esta ley "va a ser un mal negocio para la inmensa mayoría de la clase media española" por el sistema de copago establecido. Este grupo promovió una enmienda en el Senado para evitar, entre otros aspectos, que el copago considere la vivienda habitual de la persona dependiente. Esta enmienda, sin embargo, no fue ratificada por la Cámara Baja. CiU rechaza además que el Estado central determine los criterios de la aportación que realizarán los ciudadanos en las comunidades autónomas.
UNA "LEY DE IZQUERDAS".
Otro aspecto que centró el debate fue la paternidad de la norma. Así, IU-ICV y ERC calificaron la Ley "de izquierdas", mientras que desde el PSOE se hizo hincapié en que la aprobación de las leyes sobre educación, sanidad, pensiones y, hoy la de la Dependencia, siempre se ha hecho con gobiernos socialistas. El PP, por su parte, destacó el acuerdo alcanzado con el PSOE y recordó que la aprobación de hoy cumple un mandato parlamentario de 2003, esto es, cuando gobernaba José María Aznar.
La diputada María Salom (PP) criticó al Gobierno por intentar "patrimonializar" la Ley que, según dijo, "nació coja, vacía de contenido, con financiación escasa y sin acuerdo entre grupos políticos". Además, avisó que la norma "llega con dos años de retraso".
Salom enumeró distintas aportaciones de su partido: incorporación de enmiendas para el reconocimiento del derecho subjetivo, atención a menores de 3 años, o establecimiento de criterios objetivos para la financiación de las comunidades autónoma. "No es una ley de izquierdas, ni de derechas, sino de todos", subrayó.
Por su parte, Carme García (IU-ICV) se felicitó por la aprobación de esta norma, que calificó de "progresista" y "de izquierdas" (su redacción arrancó de un pacto entre el Gobierno, IU-ICV y ERC) y destacó que, "aunque no sea la mejor Ley", con su aprobación "España pasa a ser un estado moderno y comprometido con las necesidades de la población".
Igualmente, Joan Tardá (ERC) celebró "el carácter público" de la norma y criticó al PP por "publicitar" en medios de comunicación que ha sido fruto del pacto entre su partido y el PSOE. Todo lo contrario, recalcó que se trata de "una ley de izquierdas" y exigió a las administraciones encargadas de su aplicación "diligencia, buen hacer y lealtad al espíritu con el que ha sido pactada".
Finalmente, la ponente del PSOE en la redacción de esta Ley, Soledad Pérez, valoró su aprobación como "un hecho histórico", que se produce 20 años después de la universalización de la sanidad, 21 años después de la universalización educación básica y 16 de las pensiones. "Siempre con gobiernos socialistas nace un nuevo derecho de ciudadanía", destacó recalcando su "apuesta por un nuevo proyecto de país y para dar un nuevo paso en la mejorar de la situación de los ciudadanos".
Pérez destacó que esta ley servirá para que las personas que no se valen por sí mismas "no dependan de su familia o sus vecinos" y para que una mujer no abandone su puesto de trabajo para cuidar a un dependiente.
"Se trata de hacer patria y responder a las necesidades de todos los ciudadanos de este país residan donde residan: en San Boi de Llobregat, en Arzuaga, en Ginzo de Limia o en Estella", concluyó.
