El Congreso tendrá que habilitar una comisión si quiere acelerar el suplicatorio de Viera

EUROPA PRESS

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso tendrá que habilitar la Comisión del Estatuto de los Diputados para que pueda trabajar en verano si quiere acelerar los trámites para conceder el suplicatorio que ha solicitado la Sala de Admisión del Tribunal Supremo para poder seguir investigando al exconsejo de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, el único imputado en el caso de los ERE que mantiene su escaño en la Cámara y sigue siendo, por tanto, aforado.

Viera, a quien el magistrado Alberto Jorque Barreiro imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, se dio de baja en el PSOE y dejó el Grupo Socialista y esta misma semana ha estrenado su nuevo escaño en el Grupo Mixto del Congreso.

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos para todos ellos. Sin embargo, dado que julio y agosto son meses inhábiles a efectos parlamentarios y los plazos se contabilizan en días hábiles, el procedimiento podría quedar en suspenso hasta septiembre cuando arranque el nuevo periodo se sesiones que, en esta ocasión, será también el último de la legislatura.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la única manera de acelerar esos trámites sería habilitar para estos meses la Comisión del Estatuto del Diputado de manera que pudiera tramitar el suplicatorio contra el exdiputado del PSOE.

LA MESA, EL PRIMER FILTRO

Una vez que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remita la petición del suplicatorio al presidente del Congreso, Jesús Posada, éste tendrá llevar el asunto a la Mesa de la Cámara. Si Posada recibe la petición antes del próximo martes, ese mismo día el órgano de gobierno del Congreso podría analizar el asunto. Si la comunicación de Lesmes llega después, la Mesa tiene prevista otra reunión la semana siguiente y el suplicatorio podría tratarse ahí.

Cuando la Mesa dé su visto bueno, Posada contará con cinco días para remitir la solicitud para levantar el aforamiento a Viera a la Comisión del Estatuto de los Diputados, pero si ésta no se habilita, los trámites se pararían ahí quedando en suspenso hasta que la comisión que preside el 'popular' Aurelio Romero se pueda reunir en septiembre.

SE DARÁ AUDIENCIA A VIERA

El Reglamento fija un plazo máximo de 30 hábiles para que la Comisión del Estatuto de los Diputados decida sobre el suplicatorio, para lo que deberá dar audiencia a Viera, bien en persona o por escrito. Una vez concluya su tarea deberá remitir su conclusión al Pleno de la Cámara, que habrá de debatirla en su primera sesión ordinaria.

Es decir, se habilite o no la Comisión del Estatuto para acelerar los trámites, la votación del suplicatorio en Pleno no podría tener lugar hasta septiembre. Si se habilita podría celebrarse en el primer pleno de ese mes y si no podría ser a finales o incluso en octubre.

La Cámara cuenta con sesenta días hábiles para completar la tramitación de un suplicatorio que se computan "durante el periodo de sesiones" a partir del día en que el escrito del presidente del Tribuna Supremo llega al Congreso. Es decir, aunque la comunicación de Lesmes llegue en periodo inhábil, los plazos no empezarán a correr hasta septiembre.

DISOLUCIÓN DE LAS CORTES

Si éstos se apuraran podría incluso darse el caso de que las Cortes se disolvieran antes de que el Pleno votara el suplicatorio.
Si el Gobierno finalmente completa la tramitación de los Presupuestos para 2016 las Cortes podrían quedar disueltas a penúltima semana de octubre, sin que se hubieran cumplido los 60 días naturales que habrían empezado a contar el 1 de septiembre.

Con las Cortes disueltas sólo mantienen su aforamiento los Diputados que forman parte de la Diputación Permanente y lo previsible es que Viera, si no hubiera hecho antes, Viera perdiera entonces su fuero.

Sin embargo la posibilidad de que la Cámara apure los plazos es muy remota porque el Congreso suele tramitar los suplicatorios en el plazo de un mes o mes y medio, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado habitualmente nunca agota los 30 días con los que cuenta y después se votan en el primer Pleno ordinario. Una vez que el Pleno emite su voto, el presidente del Congreso tiene ocho días para informar al del Tribunal Supremo sobre el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 30 suplicatorios y ha rechazado 13. Los tres últimos que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.