MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados se enfrenta este trimestre a cuatro nuevas reformas estatutarias, una de las cuales, la andaluza, está en fase de discusión de enmiendas mientras que las otras tres (Baleares, Aragón y Canarias) esperan ser tomadas en consideración. La coincidencia de estas reformas con la tramitación de leyes como la de memoria Histórica y la reforma de la financiación de los partidos podría acabar colapsando a la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
La reforma más avanzada es la andaluza, que superó el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados a finales de mayo, donde contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, y que ahora se enfrenta a la discusión de las enmiendas, que en principio deben presentarse el próximo martes día 5, si bien podría ser ampliado, como máximo, una semana más.
Hasta el momento, sólo ha anunciado sus enmiendas Izquierda Unida, que mantiene un pacto global con el PSOE, aunque insiste en cuestiones que rechazan los socialistas como la definición de Andalucía como nación. PSOE y PP anunciarán sus enmiendas la próxima semana, mientras que el PA, que no tiene representación en las Cortes Generales, debe aclarar a través de qué grupo registrará sus enmiendas, aunque ha garantizado que lo hará.
DEBATE PORMENORIZADO DE LA REFORMA ANDALUZA
Los puntos más polémicos del texto se centran en cuestiones como la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o la asunción de competencias exclusivas del Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. La intención del PSOE es que la tramitación del texto en Congreso y Senado culmine antes de final de año, para convocar el referéndum de ratificación el 25 de febrero.
El 12 de septiembre llegará al Pleno del Congreso la reforma del Estatuto de Baleares, la quinta que se somete al trámite de toma en consideración esta legislatura tras las presentadas por Euskadi (el Plan Ibarretxe, que no fue admitida), Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.
Este texto llega con el apoyo de PP, PSOE y Unió Mallorquina, que lo aprobaron en el Parlamento balear el pasado mes de junio. La pregunta es conocer si el grado de consenso alcanzado en el ámbito autonómico entre los dos grandes partidos se mantendrá en Madrid, porque Baleares exige una propuesta de financiación muy ambiciosa, con reivindicaciones similares a las de Cataluña.
Octubre será el mes en que se debata en el Pleno del Congreso la la propuesta de reforma del Estatuto de Aragón, que también llega con apoyo de PP y PSOE, mientras que en noviembre, previsiblemente, será el turno de la propuesta de Canarias, cuyo parlamento aborda su reforma el próximo 13 de septiembre. Los diputados del archipiélago llevan más de dos años discutiendo el texto y éste no ha conseguido el apoyo del PP, por lo que se aprobará con los votos de CC, PSC y Grupo Mixto.
Todos estos textos han de acabar discutiéndose de forma pormenorizada en la Comisión Constitucional, donde existe la norma no escrita de no tratar dos reformas al mismo tiempo pues, entre otras cosas, los grupos pequeños no darían a basto. Existe riesgo de colapso porque, además de los Estatutos, esta comisión ha de encargarse de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos y del proyecto de ley que amplía el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, así como de poner en marcha una comisión para estudiar cambios en la Ley Electoral.
CUESTIÓN IDENTITARIA
Mientras unas reformas estatutarias llegan al Congreso, otras se están gestando en los Parlamentos autonómicos, y en casi todos los casos cobra especial relevancia el debate de las cuestiones identitarias. Baleares y Aragón llegan al Congreso como nacionalidades históricas, una definición que no se descarta en La Rioja, aunque esta comunidad no ha decidido nada. Galicia, que ya lo es, mira a Cataluña y se plantea si buscar o no una fórmula para ser nación. Los canarios han optado finalmente por definirse como archipiélago atlántico y otras como Asturias y Castilla y León se mantienen como comunidades históricas.
La octava reforma en llegar al Congreso está pendiente de decidirse. En Castilla y León, PP y PSOE registraron en julio en las Cortes su proposición de ley con consenso en los principales aspectos de la reforma y pretenden enviar a Madrid el texto aprobado en diciembre, con idea de que sea ratificado antes de las elecciones de mayo de 2007.
En Galicia, la ponencia que redactará el texto se puso en marcha antes del verano y el próximo jueves volverá a reunirse para hacer balance y retomar el diálogo donde se había dejado, en el asunto competencial, y a partir de ahí celebrar sesiones los lunes y los viernes. Socialistas y nacionalistas desean cerrar un texto antes de diciembre para enviarlo a las Cortes, mientras que el PP, por contra, pide trabajar sin prisa. Los principales problemas estarán en la cuestión identitaria y la financiación, y el debate no será fácil porque el PP es imprescindible para aprobar el texto.
En Castilla La Mancha, antes del verano quedó redactado un borrador sobre la reforma, pero la llegada a la presidencia regional del PP de María Dolores de Cospedal deja en el aire si los populares respetarán el documento, conocido como al 'Acuerdo de Fuensalida'. De Cospedal ha manifestado en varias ocasiones que respetará lo firmado por su predecesor.
El siguiente paso será la reunión que el presidente autonómico, José María Barreda, mantenga el próximo jueves con la nueva líder del PP para volver a sentar las bases de la reforma e intentar limar asperezas. La intención del Gobierno regional es aprobar el Estatuto lo antes posible, dentro de esta legislatura, y por ello azuza al PP para que aclare su situación y poder alcanzar el consenso.
CCAA CON MENOS PRISA
Entre las CCAA que se encuentran más lejos de una reforma de sus estatutos de Autonomía se encuentran La Rioja, Asturias, Murcia, Extremadura y Navarra. En La Rioja afirman no tener prisa y no se han puesto plazos para reformar su Estatuto, aunque sí se están desarrollando trabajos y hace unos meses se creó la ponencia parlamentaria para analizar las propuestas. El PP necesita al PSOE y todos abogan por la unanimidad
En el Principado de Asturias, PSOE e IU-BA son partidarios de abordar el proceso cuanto antes, pero el PP se niega a afrontar la reforma en este momento, lo cual la condena al fracaso, puesto que los votos populares son necesarios para su éxito. La intención del presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, es explicar en septiembre la "hoja de ruta" de la reforma, para después abrir una ponencia con todos los grupos.
La región de Murcia tampoco tiene prisa, entre otras cosas, porque reformó su Estatuto en 1998. En la Asamblea Regional se constituyó una Comisión Especial con los tres grupos parlamentarios, PP, PSOE e IU, por la que han pasado expertos y grupos para hacer aportaciones.
En Extremadura no se plantea, por el momento, ninguna reforma estatutaria. El Gobierno autonómico no la juzga necesaria en estos instantes. No obstante, no descarta tajantemente que en un futuro hipotético pudiera plantearse la reforma, en caso de que se entendiera que nuevos estatutos de otras comunidades pudieran afectar al desarrollo propio de la región extremeña.
Finalmente, en Navarra, la ponencia para la reforma del Amejoramiento acordó en marzo pasado posponer el debate a la siguiente legislatura. Los grupos no lograban avanzar en temas importantes y todos, salve IUN, impulsor del debate, apoyaron la iniciativa de aplazamiento, poniendo fin así a dos años de trabajo.