El Congreso vuelve a rechazar la idea del PP de recuperar castigos penales para quienes promuevan referendos ilegales

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso volvió esta tarde a rechazar una iniciativa del PP para sancionar sancionar penalmente a las autoridades que, careciendo de competencias para ello, convoquen procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum. El PSOE y todas las minorías unieron sus votos y sus voces para censurar lo que consideran una estrategia preelectoral de los 'populares'.

El primer partido de la oposición registró esta iniciativa el mes pasado, después de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunciase su intención de convocar un referéndum en el País Vasco el 25 de octubre de 2008, y de que el vicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluis Carod Rovira, haya augurado una consulta similar para 2014.

Con su texto, el PP instaba al Gobierno socialista a impulsar un cambio legal similar al impulsado en 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar y que, un año después, fue derogada por el Congreso, con el único voto en contra los 'populares'. Aquella reforma del Código Penal preveía una pena de entre 3 y 5 años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convocase estas consultas ilegales.

QUE NO SALGAN "GRATIS".

Al presentar la iniciativa, el secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, exigió al Gobierno que deje de tratar de "aplacar ingenuamente" a los nacionalistas y "recupere las defensas lógicas" para prevenir que las graves violaciones constitucionales que suponen las convocatorias de referéndum "salgan gratis".

Astarloa agregó que, al revocarse la reforma que introdujo el Gobierno del PP, hay dudas sobre los resortes que le quedan al Estado de derecho para hacer frente a los "desafíos" de Ibarretxe o Carod Rovira, por lo que pidió a los socialistas que aclaren "qué van a hacer y cómo".

"¿Cómo es posible mantener la expectativa de diálogo con ETA y a la ver reprimir el referéndum de Ibarretxe?", se preguntó Astarloa, que además solicitó al Ejecutivo que "se deje de excusas como la criminalización del nacionalismo"

EL REFERÉNDUM DEL PP SOBRE EL ESTATUT, TAMBIÉN ILEGAL.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, se preguntó a continuación que tiene que ver con el Código Penal una propuesta política, "por rara, inconveniente o equivocada que parezca", e insistió en que hay suficiente legislación aplicable contra esos referendos ilegales.

Es más, recordó que la iniciativa que impulsó el PP en favor de un referéndum en toda España sobre el Estatuto de Cataluña también sería tipificada como delito según su propia reforma. "¿Meterían en la cárcel a sus militantes por promover una consulta ilegal?", interrogó.

A su juicio, la reforma del PP es "absurda" porque no arredrará al lehendakari y también es "políticamente errónea" porque victimiza a los nacionalistas. En ese contexto, abogó por "hacer política" y terminó convencido de que los socialistas aplicarán la ley y ganarán las elecciones tanto en el País Vasco como en las generales.

Según Gaspar Llamazares, presidente de IU-ICV, la propuesta del PP tiene "poco que ver con el acervo constitucional" y se basa en una estrategia de "construir una amenaza que no existe, magnificarla y, escudándose en ello, limitar el espacio político". También censuró como "lo más preocupante" el hecho de que se establezca una conexión entre una iniciativa legítima del lehendakari, se comparta o no, con la violencia armada de ETA.

Margarita Uría, del PNV, dijo sospechar que la única pretensión del PP es "asustar" a los promotores de referendos y aprovechar el momento electoral para "hacer ruido", "calentar la campaña" y "tratar de ganar votos", todo ello con "una utilización obscena" de los problemas del País Vasco. "Un problema político no se puede abordar con el Código penal", sentenció.

La diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lagasabaster, agregó que los problemas se resuelven votando y que no se debe entrar en "la dinámica de paranoia obsesiva" del PP, con iniciativas que no solucionan nada.

PRECISAMENTE UN 20-N.

Por parte de CiU, Josep María Guinart recordó que hace cuatro años el Gobierno de José María Aznar aprovechó una reforma de la Ley de Arbitraje para modificar el Código Penal con el propósito de penalizar los referendos ilegales y ahora vuelven con su "estrategia preelectoral de imagen", pese a que ya hay mecanismos suficientes para castigar estas consultas no autorizadas.

Agustí Cerdà, de ERC, recordó que ya es ilegal convocar un referéndum sin cumplir los requisitos por lo que sólo cabe interpretar la iniciativa del PP como un intento de "hacer ruido" para la campaña electoral. "Igual no es una casualidad que se debata el 20-M --apostilló, en alusión al aniversario de la muerte de Franco--. Igual es su manera macabra de celebrar esta efeméride".