El Consejo de la Abogacía reclama incluir la pasantía como vía para acceder a la profesión de abogado

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía (CGAE) reclamó hoy incluir la institución de la pasantía en la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado, una "fundada reivindicación, gracias a la cual se han formado varias generaciones de abogados españoles como vía autónoma para el acceso a la prueba de evaluación".

En una nota de prensa, el CGAE reclama mejoras en el proyecto de ley que, aunque "recoge algunas de las aspiraciones que el Consejo ha venido reclamando desde hace décadas", aún "deja algunos puntos oscuros" que espera que "sean subsanados en la tramitación parlamentaria".

Uno de los "aspectos más negativos del proyecto", según el Consejo, es la referencia a que las prácticas externas deberán constituir "un tercio como máximo del contenido formativo de los cursos", lo que permitiría que estos cursos tuvieran una semana o un mes de formación práctica. Ese tercio debería ser "el mínimo y no el máximo", ya que la formación práctica debe ser "la parte sustancial y más extensa de los cursos".

También considera que la iniciativa legal mantiene "un trato desigual" para las escuelas de práctica jurídica al obligarlas a suscribir un convenio con las universidades para que sus cursos sean admisibles como preparatorios de la evaluación.

El CGAE añade que, aunque se elimina la figura del consultor legal que mencionaba el anterior anteproyecto, se mantiene, "de manera innecesaria y ambigua", una mención a la posibilidad de que los licenciados en Derecho puedan informar jurídicamente, "sin decir para quién o cómo".

Por último, el Consejo reprueba que se mantenga una 'vacatio legis' en la ley de seis años, "que no sólo no se justifica sino que dilata de forma muy grave la solución al problema de fondo, que es la garantía adecuada de seguridad jurídica para todos los ciudadanos" en su derecho a la defensa. El proyecto prevé que no entre en vigor la ley hasta seis años después de su aprobación parlamentaria, para no perjudicar a los actuales estudiantes de derecho.

ASPECTOS POSITIVOS

Sin embargo, el Consejo considera positivas algunas de las medidas establecidas en el proyecto de ley. Entre ellas, que para garantizar las prácticas externas, las universidades y los otros centros de formación deberán celebrar convenios con, al menos, un colegio profesional -antes sólo era obligatorio para las escuelas de práctica jurídica-. Así, "se viene a evitar monopolios, oligopolios o ausencia de cursos, amparados en la falta de acuerdo con las escuelas".

Además, considera que la ley acabará con una "situación de excepción, ya que España es el único país de Europa que no tiene regulado" el acceso a la abogacía, "diferente de la formación teórica proporcionada por la Universidad".

El CGAE sostiene que la ley contribuirá a "dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos" ya que permite que "se equipare prácticamente" las universidades, las escuelas de práctica jurídica y otros centros de formación en la impartición de los cursos de formación para el acceso a la profesión, al contrario que textos anteriores, que "atribuían un carácter preferente a la institución universitaria".

El Consejo afirma que dichos cursos serán impartidos conjuntamente por estas instituciones mediante convenios, que deberán ser suscritos con carácter obligatorio. Otro de los aspectos positivos es la valoración de la formación que vienen impartiendo las escuelas de práctica jurídica y que, al menos, la mitad de su profesorado sean profesionales colegiados, lo que supone un incremento de un tercio respecto a lo anteriormente previsto.