Consejo Consultivo andaluz no ve motivos para recurrir el Estatuto porque no hay competencias exclusivas sobre la CHG

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, aseguró hoy que los gobiernos autonómicos de Extremadura y Castilla La mancha carecen de razón para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que en el texto, aunque se declara la competencia exclusiva sobre las aguas del Guadalquivir, en realidad se hace uso de una "cláusula de estilo, porque no se trata de competencias exclusivas, sino compartidas".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, para presentar la memoria anual del Consejo Consultivo de Andalucía correspondiente al ejercicio 2006, Cano Bueso advirtió de que la regulación que contiene en estos momentos el Estatuto de Autonomía sobre el Guadalquivir, es "plenamente y perfectamente ajustada a la Constitución".

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía explicó que aunque en el texto se habla de competencias exclusivas, en realidad se trata de competencias compartidas, puesto que se especifica que el Ejecutivo andaluz contará con competencias sobre las aguas que transcurren por Andalucía, que no afectan a otras comunidades autónoma, y además, respetando los títulos de intervención estatal, es decir, la materia de obras públicas de interés general; la materia de Medio Ambiente y lo referido al ciclo integral del agua.

En este sentido, Cano Bueso dijo que no existe dificultad a la hora de adaptar la nueva Ley de Aguas a lo que establece el Estatuto andaluz. "La dificultad es escasa, más bien lo entiendo como una resistencia a ceder un instrumento de acción política muy importante", apuntó el presidente del Consejo Consultivo,

Así, especificó que comprende que el ciclo integral del agua debe ser una "competencia del Estado porque es de interés general para todos los españoles, pero lo que en este caso estamos tratando es que Andalucía, en materia de las aguas del Guadalquivir que transcurren por su territorio incida de una manera directa y potente en la confirmación de las políticas y servicios que van a prestar".

De esta forma, concretó que este asunto se resuelve con que los organismos de mecanismo de la Cuenca estén representados Andalucía (respondiendo al 90 por ciento de la cuenca) y Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia en el 10 por ciento que le corresponde, así como el Estado.

NUEVA LEY DE AGUAS

"Este pequeño foro en el que están representados los intereses del Estado, de Andalucía y las otras tres comunidades es un órgano perfecto de colaboración, cooperación y de lealtad entre las administraciones", apuntó Cano Bueso, que advirtió de que "no deben surgir dificultades para trasladar este organismo a la nueva Ley de Aguas".

De esta forma, subrayó que la adaptación de la Ley de Aguas a lo que establece el Estatuto es una cuestión de "poderes y de política pura", a la vez que dejó claro que la intención del Gobierno andaluz es incidir sobre las aguas del Guadalquivir, pero respetando la Constitución.

Asimismo, Cano Bueso aseguró que no ha mantenido contactos con la Presidencia del Consejo Consultivo de Extremadura, que a petición del presidente del Gobierno extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, está analizando la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía de cara a emitir un informe sobre la constitucionalidad o no del artículo referido a las competencias sobre el Guadalquivir.

"Me ha parecido poco respetuoso interesarme sobre este asunto", indicó Cano Bueso, que espera que el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura coincida con el de Andalucía y no vea materia de inconstitucionalidad.