Carnicer "presume" de una Abogacía ágil y sensibilizada, como demuestran las quejas "testimoniales" de los usuarios
TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, criticó hoy las políticas acometidas por los diferentes gobiernos para querer arreglar las cuestiones de la justicia "eliminando recursos y suprimiendo garantías, algo que calificó como una "barbaridad". "Sería como si quisiéramos solucionar los problemas del transporte público, suprimiendo paradas o eliminado autobuses" añadió.
Así se pronunció en la rueda de prensa posterior a la inauguración de la nueva sede del Colegio de Abogados de Toledo, en la que estuvo acompañado del decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ricardo Fábrega, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, José Luis Vallejo Fernández, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Emilio Frías.
Según Carnicer los problemas derivados de la justicia gratuita no lo son del sistema, que sigue siendo el mejor del mundo, "pues nos copian de otros estados, incorporándolo a su acervo legal en materia de defensa".
El presidente del Consejo General de la Abogacía señaló que las irregularidades existentes se dan sobre todo en asuntos de familia, "donde la competencia de los letrados es tan alta, que difícilmente se encuentra en el ejercicio libre a alguien más competente, y por ello, todo el mundo intenta maquillando los datos obtener defensa por turno de oficio en materia de familia".
Así, el 'handicap' al que se enfrentan los abogados que trabajan por turno de oficio es que no pueden desvelar, "porque le obliga su secreto profesional", que su cliente tiene medios suficientes, y el Estado está financiando defensas gratuitas a gente que tiene recursos para ello.
"Este es el aspecto negativo para las arcas del Estado y de los abogados, que dejan de percibir minutas, pero de extraordinario crédito para el sistema" reconoció Carnicer.
Para acabar con esto, continuó se están estudiando fórmulas pero la solución "no es sencilla, porque no podemos ahorrar dinero perjudicando derechos y garantías, eso lo hace el legislativo al querer arreglar las cuestiones de la justicia. Sería como si quisiéramos solucionar los problemas del transporte público, suprimiendo paradas o eliminado autobuses" comparó.
Por ello, desde la Abogacía del Estado proponen un sistema proporcional como el establecido en Francia, que analiza el sistema económico de la persona, y en función del procedimiento judicial que tiene que interponer, se le asigna un porcentaje de los honorarios que el abogado tiene que cobrar, alternativa que se podría extrapolar a diferentes órdenes jurisdiccionales.
INMIGRACIÓN
Otro de los problemas a los que se enfrentan los abogados del Estado es la inmigración, que según el presidente del Consejo General fue detectado antes por los profesional de oficios que por el propio Estado, pues ya en 1990 se crearon grupos que de trabajo que "vislumbraron las terribles afecciones a los derechos fundamentales de las personas que venían de forma clandestina".
"Desde entonces el fenómeno no ha hecho más que superarnos a todos, tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como a la Unión Europa, pero a quien menos les puede es a la Abogacía-- presumió Carnicer-- pues allí donde llegue un cayuco habrá siempre un letrado dispuesto a defender los derechos que el pueblo español les reconocer en la Constitución".
Después de que hayan pasado 11 años de la aprobación de la Ley de Justicia Gratuita, "debemos presumir de una Abogacía lo suficientemente ágil y sensibilizada, dispuesta a cumplir la función social que se nos ha encomendado" afirmó.
Dicho esto se remontó al último sondeo realizado por el CGPJ, según el cual las quejas formuladas por el mal funcionamiento de la Administración de justicia, las que se producen contra abogados de oficio son testimoniales, "y lo mejor que se puede decir de un servicio es que no genera quejas".
Concluyó el presidente del Consejo General de la Abogacía de ensalzando el "excelente" uso de la asistencia jurídica gratuita que se desarrolla con "absoluta normalidad y distinguida competencia", pues es en la única a la que se le exige una especialización de los abogados que la prestan.
El abogado que solo es licenciado en derecho, explicó, no puede entrar en las listas de justicia gratuita, como mínimo necesita experiencia de tres años y haber cursado practicas en las Escuelas de Prácticas Jurídicas, especializándose en familia, civil, contencioso-administrativo y penal.
SEDE
Carlos Carnicer realizó estas manifestaciones tras la inauguración del Colegio de Abogados de Toledo, que comenzará su puesta de largo con una jornada de trabajo del consejo de la abogacía de Castilla-La mancha.
Del nuevo Colegio de Abogados, un edificio con casi 610 metros cuadrados divididos en dos plantas, del que se beneficiarán tanto usuarios como los cerca de 1.200 profesionales colegiados en la provincia, Carnicer instó a los periodistas a que contaran lo que ven: "no solo un magnifico edificio, sino que todo lo mejor se ofrece a los futuros clientes".
