MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha estudiado hoy el Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del régimen electoral general y ha dispuesto su remisión al Congreso de los Diputados. Se trata del informe cuya elaboración solicitó el Gobierno al Consejo de Estado mediante Acuerdo aprobado el pasado 27 de junio de 2008.
El Presidente del Gobierno, durante el debate de investidura en abril de 2004, anunció que apoyaría la creación de una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar y evaluar las cuestiones relacionadas con la mejora del régimen electoral general. En este sentido, la Subcomisión sobre posibles modificaciones del Régimen Electoral General quedó constituida el 2 de octubre de 2008 en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Por su parte, la Vicepresidenta Primera del Gobierno propuso seguir avanzando en todas aquellas reformas encaminadas a facilitar la participación ciudadana e incrementar el rendimiento de las instituciones. A partir de ese momento, el Gobierno solicitó al Consejo de Estado un informe sobre el régimen electoral vigente y sus posibles reformas para su posterior remisión a la Cámara.
Ese informe, recibido hoy por el Consejo de Ministros, examina las propuestas presentadas, tanto en el ámbito político, como en el debate académico, durante los últimos años. Así, el informe lleva a cabo un profundo estudio de propuestas como, por ejemplo, la posibilidad de extender el derecho de sufragio a las personas extranjeras residentes en España; la regulación del derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero; las normas relativas a la fórmula electoral y a la asignación de escaños a las circunscripciones electorales en el Congreso de los Diputados, la circunscripción de las elecciones al Parlamento Europeo y la elección de alcaldes.
Junto a ello, el informe añade observaciones sobre otros elementos, como la elaboración del Censo, el sistema de recursos en materia censal, la prohibición de publicación y difusión de encuestas en los cinco días previos a las elecciones, las limitaciones a la publicidad institucional en campaña electoral y la posibilidad del voto electrónico.