MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El hasta ayer Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, planteó su dimisión al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras conocer la sentencia por la que se condena a penas de prisión a tres policías por el 'caso Bono"'. Posteriormente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue informado de la decisión.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó ayer a tres policías a penas de prisión de entre tres y cinco años por la detención ilegal de dos militantes del PP que habían participado en una manifestación de la AVT en la que resultó increpado el ex ministro de Defensa, José Bono.
La iniciativa de presentar la dimisión, según las mismas fuentes, partió del Delegado del Gobierno, al entender que debía realizar un acto de apoyo a la Policía y al sentirse liberado en la medida en que la Justicia dejaba claro que no había habido indicación política en las actuaciones de los policías condenados.
Por ello, Méndez planteó a Rubalcaba que debía dimitir y valoró esta posibilidad con el ministro del Interior, quedando ambos de acuerdo que era la mejor opción. Las fuentes consultadas explicaron que el presidente del Gobierno había sido informado de todos los detalles.
RAJOY: "LA PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA"
El cese de Méndez era sólo uno de los que pedía el PP. Rajoy aseguró que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid supone "la primera vez en la historia que se produce una condena por detención ilegal de militantes del PP". Por ello pedirá al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados que asuma las correspondientes responsabilidades políticas y "actúe cesando a los responsables de este desaguisado y de este atropello y de este acto claramente antidemocrático, declarado como tal por los tribunales de Justicia".
Ángel Acebes detalló las exigencias del PP. Los populares quieren, además del delegado del Gobierno en Madrid, que dimita José Antonio Alonso, que entonces era el ministro del Interior, y a quien los populares "retiran toda su confianza en este momento", ya que, a su juicio de Acebes, mintió en su comparecencia sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Los populares explicaron que actuaron judicialmente contra los policías en lugar de contra los políticos porque su partido "no ha podido probar que se dieron instrucciones políticas".
El PP también solicita un pleno extraordinario en el Congreso para analizar esta cuestión y anuncian que informarán al Parlamento Europeo por ser esta, explicaron los populares, la primera vez en la que se han vulnerado los derechos y deberes de militantes de un partido político. "Ésta es la España de Zapatero, que persigue a sus adversarios políticos y pretende que no haya oposición", dijo Acebes.
Los populares convocaron a esta rueda de prensa a los corresponsales extranjeros de forma específica y a petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para dejar de manifiesto "el deterioro de nuestra democracia". "Si esto hubiera ocurrido en Inglaterra, habría caído Tony Blair y habría una cascada de dimisiones", dijo el número dos popular.
SIN VALORACIÓN DEL GOBIERNO
Desde el Gobierno no hubo valoración alguna de la sentencia, y por tanto no se dio respuesta a las exigencias del PP. Desde el PSOE se mostró respeto a las decisiones judiciales. José Blanco, número dos socialista, se limitó a decir que desconocía los detalles de esta resolución y a asegurar que su partido "es respetuoso con las decisiones judiciales". El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, aseguró, antes de la dimisión de Méndez, que no habrá ceses porque "ningún responsable político jamás dio instrucciones a los policías".
En una rueda de prensa que tuvo lugar a última hora de la tarde de ayer, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, calificó la sentencia de "muy desmesurada" y apuntó la posibilidad de que el abogado del Estado presente un recurso puesto que los acusados son funcionarios públicos. Además manifestó su apoyo a Méndez, del que dijo "ha sido un magnífico delegado del Gobierno".
Garrido aseguró que aunque su grupo no comparte la sentencia, "la acata" y acusó al PP de "mentir" a la opinión pública con sus acusaciones de que se dieron órdenes políticas a los policías. "El PP no sólo no se retracta sino que insiste con toda desfachatez", dijo tras resaltar que el tribunal deja claro que no hubo ningún tipo de instrucción política por parte de ninguna autoridad para que se detuviera a los afiliados.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, quien también había apuntado a Constantino Méndez, dirigió sus reclamaciones hacia el Gobierno, "sus ministros y algunos medios afines" que "criminalizaron y atacaron" a los militantes del PP y a la propia AVT por lo que sucedió y les pidió que tengan "ahora la misma valentía de reconocer los errores cometidos y pidan disculpas públicamente", sentenció.
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