MADRID/VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el traslado del Archivo de la Guerra Civil a Cataluña y abre un periodo de quince días para analizar la solicitud de suspensión cautelar. Así lo comunica el alto Tribunal en una resolución hecha pública esta mañana.
En una providencia de 17 de enero de 2006, el alto tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
También acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, Senado y Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
En cuanto a la solicitud de suspensión cautelar del traslado, pedida por la Junta de Castilla y León en su recurso, el alto tribunal pide que antes de oiga a las partes -Congreso, Senado y Gobierno-- para que en el plazo de quince días realicen las alegaciones que crean.
La Junta de Castilla y León interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional el pasado 12 de diciembre y solicitó la suspensión cautelar de la ejecución material de la restitución hasta que se emita sentencia al respecto.
Entre los argumentos de la Junta, para preservar la integridad del centro archivístico, está que la ley publicada el pasado día 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) supone una "vulneración clara, rotunda y flagrante" de la Constitución Española.
Según el recurso interpuesto, la Ley aprobada por el Congreso para la restitución de documentos a Cataluña vulnera los artículos 149.1.28, 46 y 9.3 de la Constitución, por ello se pide que, en aras a garantizar la eficacia de la futura sentencia en caso de que se acordara su inconstitucionalidad, se impida cautelarmente la salida de los 'papeles'.
"Es la única medida para que las consecuencias de la aplicación inmediata de la ley no sean irreversibles", advirtió en ese momento la consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente. Se refería así a la imposibilidad de volver a localizar aquellas 8.000 cajas que fueran entregadas a particulares y que, tras una hipotética sentencia favorable a la postura de la Junta, tuvieran que retornar a Salamanca, ya que el texto recurrido no establece medidas de protección sobre los documentos que salgan del Archivo.
EL PROPIO ESTADO, EXPOLIADOR
Entre la argumentación jurídica que plantea el recurso elaborado por la Junta, figura que la ley vulnera la Constitución por cuanto el Estado, con atribuciones exclusivas en la protección del patrimonio histórico y archivístico del territorio español y competente también en exclusiva sobre archivos, museos y bibliotecas de titularidad estatal, se convierte en "expoliador en pleno siglo XXI" puesto que "aquí no sólo no protege sino que mutila y comete la expoliación" al romper la función social para la que fue creado el Archivo General de la Guerra Civil.
Este argumento se basa en un informe del director del Archivo General de Castilla y León, en el que se estima que, con la ley, la mitad de los 'fondos fuente' o más importantes del centro archivístico, unas 10.500 cajas, será devuelta a Cataluña la documentación incautada en dicha Comunidad autónoma, tanto la que perteneció a las instituciones catalanas como la de personas físicas o jurídicas de carácter privado.
La Consejería de Cultura sostiene que, de ese modo, el Archivo General de la Guerra Civil pasaría a ser un mero "almacén de documentos" sin valor alguno, además cree que la ley recurrida incurre en una clara "arbitrariedad" ya que no tiene justificación alguna y responde a la "decisión caprichosa de otorgar a la Generalitat competencias que le corresponden al Estado, en detrimento del resto de comunidades autónomas".
En el recurso se solicita, además de la suspensión cautelar de la ejecución de la ley, una revisión sobre el contenido de otras 507 cajas con documentos que habrán de retornar a Cataluña pero sobre los que, en opinión de Clemente, "hay total certeza de que no pertenecen a la Generalitat".
RUPTURA DE LA UNANIMIDAD
La presentación del recurso rompió por primera vez la unanimidad en el Consejo Consultivo de Castilla y León, ya que su apoyó a la presentación se acordó con el voto de calidad de la presidenta. Los tres consejeros propuestos por el PSCL-PSOE voraton en contra de la interposición del recurso y los tres del PP a favor, empate que obligó a la presidenta a tomar posición.
En los votos particulares se afirma que la unidad y funcionalidad del archivo resultan suficientemente garantizadas con la conservación en el mismo, tal y como se prevé en la Ley, de copia de los documentos que han de restituirse. Así, sentada esta garantía, debe prevalecer el interés en restituir los documentos a sus legítimos propietarios.
Además, sostienen que la Comunidad de Castilla y León carece de competencia alguna porque se trata de un Archivo General e titularidad estatal. También entienden que no hay arbitrariedad porque se refiere a los documentos que debe ser restituidos a la Generalidad de Cataluña para lo cual existe justificación suficiente.
Sin embargo, creen que no tiene tal carácter, por el contrario, en relación con la restitución de documentos a personas naturales o jurídicas de carácter privado. En consecuencia, no resulta afectado el principio de igualdad.
Para los consejeros que apoyaron la presentación del recurso, la ley del Gobierno vulnera las competencias propias de Castilla y León en materia de cultura e infringe el principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades autónomas, al dar participación a la Comunidad ni en la elaboración de la Ley ni en la regulación que la misma establece.
Igualmente, entienden que implica un abandono por parte del Estado de sus propias competencias indisponibles, al cederse a la comunidad autónoma de Cataluña la gestión de parte de un archivo de titularidad y gestión estatal al margen de las vías previstas constitucionalmente para tal cesión.
Así, creen que es arbitrario establecer un régimen singular para un supuesto muy concreto y no un régimen general aplicable a todos los supuestos y personas que pudieran encontrarse en la misma situación, ya que se regula una solución excepcional al margen de la normativa específica en materia de protección del patrimonio histórico.
Finalmente, subrayan que se reserva de manera excepcional, por una norma con rango de ley, la gestión del futuro Centro Documental de la Memoria Histórica a favor del Estado, lo que no sucede respecto de ningún otro archivo de titularidad estatal.
