Controladores.- Juristas creen que sólo se puede prorrogar el estado de alarma si hay "razones de peso"

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las principales asociaciones de jueces han advertido hoy al Gobierno que el estado de alarma decretado a raíz de la crisis de los controladores debe ser "excepcional" y han agregado que deben existir "razones de peso" para prorrogarlo, como prevé hacer esta tarde el Ejecutivo después de convocar un Consejo de Ministro extraordinario.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballestero, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el estado de alarma decretado el pasado 4 de diciembre sólo debe prolongarse mientras sea "estrictamente necesario". "En principio es una excepción democrática que no debe perdurar si no hay razones para ello", ha destacado.

Por su parte, José Luis Ramírez, de Jueces para la Democracia (JpD), ha puesto de manifiesto que la prórroga sólo debe aprobarse "en circunstancias excepcionales" ya que el Gobierno dispone durante el estado de alarma de poderes que en otras circunstancias no tendría.

"No se debe jugar con esto", ha indicado, además de añadir que sólo la intención de asegurar un buen funcionamiento de los aeropuertos durante las Navidades no sería un motivo suficiente. "No se alcanza a comprender por qué motivo habría de prorrogarse, no es razonable", ha añadido.

"CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES"

A juicio del portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, la prórroga del estado de alarma sólo puede producirse si persisten las "circunstancias excepcionales y extraordinarias" que motivaron su declaración.

En este sentido, ha señalado a Europa Press que, aunque la Constitución ampara prolongar el estado de alarma si las Cortes Generales lo estiman oportuno, la decisión del Ejecutivo responde a "una valoración política más que estrictamente jurídica". "Si no se explica suficientemente, la prórroga estaría injustificada", ha dicho.

Los portavoces de las tres principales asociaciones judiciales también han coincidido en que el Ejecutivo necesita necesariamente el respaldo del Congreso de los Diputados para aplicar esta medida. "Es una decisión política y de oportunidad que hay que justificar ante el Parlamento", ha recordado Sexmero.