Convocado para hoy frente al Ayuntamiento de Sevilla el último 'macrobotellón' previo a la entrada en vigor de la ley

Actualizado: sábado, 25 noviembre 2006 10:27

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un correo electrónico anónimo que circula desde hace aproximadamente dos semanas convoca para hoy a los jóvenes de Sevilla a llevar a cabo un nuevo 'macrobotellón' a las puertas del Ayuntamiento hispalense, en lo que sería el último evento de estas características previo a la entrada en vigor de la Ley Antibotellón, que se llevaría a efecto el primer fin de semana de diciembre después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En dicho correo, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace referencia al anuncio por parte del concejal de Medio Ambiente del Consistorio, el socialista Rafael Pineda, de que se instalará un 'botellódromo' en febrero o marzo de 2007, "es decir, que no se podrán hacer 'botellones' en ningún sitio hasta esa fecha, y ya se sabe que cuando dicen que pondrán algo en una fecha, no lo harán, sino que tendremos que esperar aún más".

El autor del mail, por tanto, insta a que éste "llegue a todo el mundo", para llevar a cabo un 'macrobotellón' "en la misma puerta del Ayuntamiento" hoy 25 de noviembre, "último sábado en que se puede hacer 'botellón' siendo legal". Termina el correo expresando el deseo de que "hagan ya un 'botellódromo' o nos dejen beber en algún lugar".

La última convocatoria de estas características tuvo lugar el pasado 28 de octubre, con una escaso seguimiento por parte de los jóvenes sevillanos, pese a que el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) estuvo alerta para desplegar de modo preventivo, en caso de necesidad, un dispositivo de seguridad.

No obstante los términos en los que se expresa el e-mail, la intención de la Policía Local --cuyo jefe, Rafael Alarcón, reconoció ayer la falta de medios para luchar contra este fenómeno-- es, hasta la habilitación del 'botellódromo' en la bancada de la Expo, conducir y controlar a los jóvenes con el objetivo de que sea este espacio el que se utilice para beber alcohol.

LA LEY

La nueva normativa prohíbe la concentración de personas que consuman bebidas en la vía pública, salvo en aquellos lugares que determinen los ayuntamientos, que contarán ahora con un "instrumento jurídico" para regular el ocio en espacios abiertos, aunque Naranjo advirtió de que "si alguien se niega a hablar con todos los sectores, de nada servirá su aplicación".

La Ley excluye las ferias, verbenas, terrazas y veladores debidamente autorizados, así como las concentraciones derivadas de actos de carácter político, religioso, turístico o cultural, y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Además, no permite el aprovisionamiento de bebidas para su consumo en espacios abiertos mediante encargos telefónicos, por mensajería o cualquier otro medio; el abandono de envases y restos de bebidas y la realización de necesidades fisiológicas en la calle, prácticas éstas que podrán ser sancionadas hasta con 600 euros.

En el ámbito empresarial, los comercios no podrán vender ni entregar bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas, aun cuando la venta se haya producido con anterioridad y los establecimientos de hostelería y ocio nocturno tampoco podrán servir copas para su consumo fuera del recinto del local y del espacio autorizado correspondiente a terrazas o veladores.

Así, la nueva legislación establece que los ayuntamientos serán los que determinen los espacios abiertos en los que pueden autorizarse concentraciones de ocio, así como las condiciones que han de respetar, y también tendrán competencias para realizar las correspondientes labores de inspección, control y sanción. En este sentido, Naranjo confió en el "buen hacer" de los regidores para controlar los 'botellones' a partir de la aprobación de la Ley, que les aportará un "nuevo instrumento" a los que ya disponen con las ordenanzas municipales.

Las medidas cautelares de intervención sobre el terreno que adopten los agentes de la Policía Local deberán ser ratificadas por los consistorios en el plazo de dos meses, ya que la nueva norma otorga al alcalde la potestad sancionadora dentro del término municipal, con multas que van desde los 600 y a los 60.000 euros.