MADRID/VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama Gürtel, ha negado haber presentado ninguna queja contra Instituciones Penitenciarias por los traslados desde la prisión de Valdemoro (Madrid), donde cumple condena, hasta la Audiencia Nacional, donde se juzga una de las piezas de este caso. Asimismo, ha desmentido haber recibido trato de favor, tal y como han denunciado sindicatos de prisiones.
El letrado de Correa, Juan Carlos Navarro, se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press después de que sindicatos de prisiones hayan denunciado trato de favor hacia el condenado. En concreto, ha negado haber presentado una queja por el traslado de la prisión a la Audiencia Nacional.
De hecho, ha indicado que nunca ha tenido un trato desfavorable en el traslado de la cárcel hasta el tribunal encargado de juzgar Gürtel. El letrado ha recordado que Correa tiene diagnosticado un cuadro de claustrofobia, con lo que estos traslados no se pueden efectuar en un furgón de la Guardia Civil sino que se deben realizar en vehículos que reúnan condiciones especiales.
"Así se ha ido cumplimiento entre 2019 y 2013, cuando Correa estuvo por primera vez en prisión por Gürtel", ha indicado el letrado a Europa Press.
TRATO DE FAVOR, SEGÚN LOS SINDICATOS
Los principales sindicatos de Prisiones --ACAIP, CSIF, CC.OO. y UGT-FSP-- han remitido una queja al Ministerio de Interior en la que denuncian un supuesto caso de trato de favor al considerado cabecilla de la trama Gürtel.
En una carta conjunta, los sindicatos hacen referencia a una queja formulada por Correa el pasado viernes, día 24, y la "rapidez y celeridad inusual" con la que se gestionó la investigación en la que derivó. En su opinión, esta actuación "pone en tela de juicio la imparcialidad de la Administración Penintenciaria", por lo que piden se realicen las oportunas averiguaciones y se depuren las responsabilidades consiguientes.
Según la versión de los sindicatos, la queja se interpuso por la mañana y unas horas más tarde, inspectores de Instituciones Penitenciarias estaban interrogando al director, al subdirector y a la jefa de la Oficina de Régimen del Centro Penitenciario cuando el proceder en otros casos no implica la apertura inmediata de investigación alguna.
Como consecuencia de dicha investigación interna, la dirección del centro prohibió que los funcionarios de la oficina de régimen regresaran a sus casas una vez finalizada la jornada laboral, "quedando retenidos bajo la amenaza de incumplir una orden".
Así, consideran que esa orden fue "arbitraria" ya que obedecía a la necesidad de estar a disposición de la inspección y creen que fue "una actuación discrecional por parte de la Administración Penitenciaria". En consecuencia, los sindicatos han exigido que se depuren las responsabilidades por lo que "claramente es un acto de favor" hacia Correa y por "la supuesta orden arbitraria de la dirección del centro".
