Censura la actuación del Ejecutivo de Patxi López y cree que "es mejor crear un negocio que atender de verdad a las víctimas"
SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado que de los 13.414.160 euros que el Gobierno vasco de Patxi López ha invertido en el desarrollo de políticas que girasen en torno a los derechos humanos, la convivencia democrática, la educación para la paz y la memoria histórica, las víctimas vascas solo hayan recibido, en concepto de subvenciones a fondo perdido para los damnificados por el terrorismo, un total de 415.289 euros.
Covite ha presentado en San Sebastián el informe 'El negocio de la paz', encargado al periodista Juan Fernández Calderín, en el que se ha recogido información publicada por el propio Ejecutivo autonómico y a documentos de fuentes oficiales de las distintas Consejerías que lo integran.
En el mismo, se han tenido en cuenta los gastos en el periodo de 2009 a 2012, que ascienden a 13.414.160 euros, realizados por los departamentos de Interior (5.298.818 euros), Educación (1.014.450 euros), Justicia (3.967.331 euros) y Cultura (2.875.365 euros), así como por el de Presidencia (258.196 euros).
La portavoz de Covite, Consuelo Ordóñez, ha cuestionado "¿cuál ha sido la prioridad al hablar de promover iniciativas a favor de la paz?" por parte del Gobierno socialista. A su juicio, las víctimas del terrorismo han sido "la excusa para presupuestar un montante de más de 13 millones de euros", aunque lo que ha sucedido es que "salvo excepciones, personas ajenas al fenómeno terrorista, incardinadas o no en la Administración" han hecho de este tipo de prácticas "un negocio".
De este modo, ha destacado que la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo ha sido el agente encargado de emitir las indemnizaciones destinadas a los damnificados por las acciones terroristas, a las familias de las víctimas y a instituciones sin ánimo de lucro víctimas del terrorismo. También se ha encargado de emitir subvenciones a fondo perdido para los damnificados por el terrorismo que, en 2010 y 2010, ascendieron a 415.289 euros.
INTERIOR
En el caso del Departamento de Interior, en el que se incluye la citada Dirección de Atención a las Víctimas con una partida de 2.553.895 euros, Ordóñez ha criticado tanto el montante que la dirección dirigida por Maixabel Lasa destinó a gastos de personal (900.000 euros), así como otro tipo de gastos.
A su juicio, los gastos de esta dirección "no se justifican con la operativa real" de la misma y ha considerado "difícilmente entendible semejante dispendio cargo de los contribuyentes", al tiempo que ha recordado la "escasa, por no decir nula" relación que, según ha dicho, ha tenido este organismo con Covite.
Además, ha censurado que la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo "en los dos últimos años ha centrado su actuación hacia las denominadas víctimas de abusos policiales y motivación política" y no a las de ETA.
La portavoz de Covite ha destacado, también dentro del Departamento de Interior, el apartado de subvenciones a asociaciones (1.635.000 euros). Según ha explicado, esta cantidad se reparte en 852.759 euros para colectivos que se encuentran fuera de Euskadi y 782.240 para los que desarrollan sus funciones en el País Vasco.
"¿Por qué esta distinción? ¿Por qué se otorgan subvenciones a colectivos de fuera de Euskadi cuando sus respectivas comunidades autónomas ya les están reconociendo subvenciones de ese tipo, que, además no pueden ser solicitadas por los colectivos vascos?", se ha preguntado Ordóñez.
CULTURA Y JUSTICIA
En cuanto a los departamentos de Justicia y Cultura, ha destacado que ambos se han centrado, más que en las víctimas del terrorismo", en cuestiones tales como la recuperación de la memoria histórica, la represión franquista, el bombardeo de Gernika o materias similares.
En ese sentido, ha remarcado el caso de Cultura que, a su entender, "apenas sirvió de cauce para las iniciativas del Ejecutivo destinadas a la deslegitimación del terrorismo o a la promoción de valores democráticos", ya que la actividad se limitó a "una iniciativa desarrollada bajo el paraguas de la Fundación 2012".
Finalmente, ha lamentado que el Gobierno vasco haya rechazado la proposición de Covite de utilizar esos 13 millones para llevar a cabo una mejora de la Ley de Víctimas de Euskadi con propuestas como la de indemnizar a las familias que, teniendo su domicilio en el País Vasco, su caso no estuviera resuelto e indemnizado mediante sentencia judicial y se completase las ayudas limitadas de 138.000 euros que habían recibido.
"A nivel nacional hay unos 300 casos sin resolver, a nivel autonómico no creemos que superen los 75, pero es mejor crear un negocio que atender de verdad a las víctimas", ha concluido Ordóñez.
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