A la izquierda, la diputada de Cs en el Parlament, Anna Grau, con la ampliación de la denuncia al conseller de Educación, Josep Gonzlez-Cambray, a 10 de junio de 2022
A la izquierda, la diputada de Cs en el Parlament, Anna Grau, con la ampliación de la denuncia al conseller de Educación, Josep Gonzlez-Cambray, a 10 de junio de 2022 - CS
Publicado: viernes, 10 junio 2022 13:44

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cs ha presentado este viernes una ampliación de la denuncia ante Fiscalía contra el conseller de Educación, Josep Gonzlez-Cambray, y otros responsables del departamento, por dictar nuevas instrucciones a centros educativos en las que "se ordena excluir intencionadamente garantizar en todo caso y, en el porcentaje que garantiza su carácter vehicular del 25%, la enseñanza en castellano".

Según un comunicado del partido, el Govern podría estar cometiendo un posible delito de prevaricación continuado al no cumplir con "el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Cataluña".

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha considerado que con estas nuevas instrucciones el Govern sigue incumpliendo con la sentencia del 25%: "El matonismo de Gonzlez-Cambray ha llegado demasiado lejos y pone en la línea de fuego a todos los centros escolares de Cataluña".

"No queremos más guerra de lenguas en las aulas ni en la calle ni estamos dispuestos a perder un solo día más, ni digamos un curso entero, para restaurar las libertades lingüísticas de todos", ha apuntado.

Ha acusado a la Conselleria de no dar instrucciones para incorporar el castellano como lengua curricular tras la aprobación de la proposición sobre el catalán, del PSC, ERC, Junts y comuns: "Si había alguna duda de que ese pacto era un engaño y de que nunca ha habido ninguna intención de renunciar al monolingüismo forzoso, que todo era un falso consenso, ya no es posible engañar a nadie".

El texto, recogido por Europa Press, argumenta que las autoridades públicas deben cumplir la legalidad vigente y que "esto lo realizan a sabiendas de su ilegalidad e injusticia puesto que garantizar un suelo del 25% de la enseñanza en castellano en la educación sostenida con fondos públicos es una cuestión indiscutible, en la que no cabe el más mínimo grado de discrecionalidad, interpretación o excusa".

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