Cuatro CCAA ya han firmado acuerdos con el Consejo de Transparencia para que tramite lasreclamaciones de sus ciudadanos

Esther Arizmendi y Alfonso Domínguez Simón en la firma del convenio
CTBG
Actualizado: lunes, 22 febrero 2016 14:18

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro Comunidades Autónomas ya han firmado el convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que tramite las reclamaciones que presenten los ciudadanos en estos territorios en relación al derecho a saber.

Con la firma del convenio este lunes, La Rioja se une al Principado de Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, las tres comunidades autónomas cuyas reclamaciones ya estaban siendo tramitadas por el CTBG. En los próximos días también lo harán Extremadura y la Ciudad Autónoma de Ceuta, según ha informado la entidad.

El último acuerdo ha sido firmado por la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez Simón y afectará aal Gobierno autonómico y a los 174 municipios, 28 mancomunidades y 4 entidades locales menores de su territorio.

En el acto de firma, la presidenta del Consejo de Transparencia ha querido destacar la importancia del convenio firmado hoy. "La Rioja, como han hecho antes Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, con independencia de su color político, no han creado su propio organismo independiente y confían en el Consejo de Transparencia estatal para que atendamos desde aquí las reclamaciones que los riojanos presenten contra resoluciones de sus administraciones territoriales", ha enfatizado.

Para Arizmendi, La decisión que toman estas Comunidades Autónomas, "representa un reconocimiento a la independencia del Consejo de Transparencia estatal, acreditada en sus catorce meses de actividad, y se traduce también en un ahorro considerable de gasto público para La Rioja y las otras Comunidades".

Por otro lado , el Consejo ha explicado que otras Comunidades Autónomas, por el contrario, han creado su propio órgano de garantía de la transparencia, como Andalucía, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana y en otros casos, como en el de Castilla y León, Galicia y Madrid, han encomendado las funciones a organismos ya existentes.