BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cúpula del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pide a las autoridades y cargos públicos, en referencia al Gobierno vasco, que no deslegitimen la labor de los jueces porque eso "favorece la erosión injustificada de la estructura institucional" del Estado de derecho.
En un artículo de opinión publicado hoy en el diario 'El Correo', recogido por Europa Press, los jueces señalan que en el Estado de Derecho las decisiones de los jueces y tribunales "pueden ser recurridas formalmente y criticadas públicamente, pero no deben ser sometidas a la acción corrosiva de la deslegitimación o a la descalificación fácil por su supuesta intencionalidad política".
Esta afirmación de intencionalidad política define, para los jueces, "una proposición de ética de conducta en el ámbito de lo público que está registrando un elevado nivel de incumplimiento en nuestra Comunidad Autónoma".
Asimismo, indican que han oído "a algunas de nuestras autoridades políticas que la deslegitimación de la Administración de Justicia debe imputarse, exclusivamente, a los propios magistrados que al dictar las resoluciones que son objeto de crítica pretenden y consiguen interferir en la vida política".
En ese sentido, consideran que, "más allá del juego de palabras, quien afirmara que la decisión adoptada por un tribunal en el legítimo ejercicio de sus atribuciones deslegitima a la Administración de Justicia, aún cuando se acreditara que incurre en error en la apreciación de los hechos o en una aplicación inválida del derecho, incurriría en una evidente contradicción en los términos".
Los jueces añaden que, "bien al contrario, el sistema de doble instancia y grado en la Administración de Justicia está sostenido sobre el principio de la falibilidad de la justicia y de los juicios humanos: porque se reconoce la posibilidad de error judicial, se garantiza que las resoluciones judiciales puedan ser objeto de recurso y, por lo tanto, de revocación hasta que se alcance una resolución firme".
Por ello, manifiestan que "cuando se afirma que la decisión de un tribunal de abrir causa penal contra una autoridad o un cargo público deslegitima al Poder Judicial, el mensaje que se transmite no es que los magistrados se han equivocado en el enjuiciamiento, lo que se quiere decir es que no se reconoce la legitimidad del órgano judicial para adoptar esa decisión". "Y ello, pese a que dicho órgano judicial es el directamente instituido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para, entre otras, ejercer esta competencia", añaden.
En esta situación, afirman que las autoridades y cargos públicos "deben ponderar si consideran como un valor digno de protección el compromiso de pretender o alentar la deslegitimación del sistema institucional de Justicia y, en consecuencia, el deber, propio de una ética pública, de no atribuir intenciones espurias a los jueces y magistrados, cuando dictan resoluciones judiciales que sujetan a alguna autoridad o cargo público a cargas procesales, o les declaran incursos en responsabilidades jurídicas".
El Gobierno vasco, a través de sus miembros más destacados, ha criticado a los jueces reiteradamente después de que el TSJPV admitiera a trámite la querella contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna.
"VALENTIA SERENA".
Asimismo, creen que es exigible "una justicia templada, ejercida por jueces y magistrados dotados de fortaleza enérgica y de valentía serena para desempeñar, con el máximo nivel de eficacia, la labor jurisdiccional que tienen encomendada". A su entender, estas virtudes "resultan imprescindibles para hacer efectiva, en cada caso, la exigencia constitucional de que las resoluciones judiciales se orienten a la satisfacción del valor jurídico de la Justicia, desde el compromiso responsable de la exclusiva vinculación al imperio de la ley".
Los jueces consideran conveniente reiterar que "la legitimación social del sistema institucional de Justicia constituye uno de los requisitos imprescindibles para la vertebración y consolidación de una cultura democrática en la sociedad vasca".
Por ello, dicen que "toda propuesta pública que, excediéndose de la crítica razonada a una decisión judicial, propugne la deslegitimación comunitaria de todos o alguno de los integrantes de los órganos judiciales, favorece la erosión injustificada de la estructura institucional que el Estado de Derecho dispone para, entre otras finalidades, hacer viable el principio de sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al orden jurídico democrático".
El artículo está firmado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro; el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, Juan Luis Ibarra Robles; el presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria, Iñigo Madaria Azkoitia; la presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, María Victoria Cinto Lapuente; y el decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González-Guija Jiménez.
También lo firman el magistrado de la sala de lo Civil y Penal del TSJPV, Antonio García Martínez; el magistrado de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Vitoria, Iñigo Elizburu Aguirre; el juez de 1ª Instancia e Instrucción único de Balmaseda, Urko Giménez Ortiz de Zárate; el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, Federico López de la Riva; y el magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Iñaki Subijana Zunzunegui.
