Declarado improcedente el despido del arquitecto municipal de Grazalema, detenido por la Operación Pinsapar

GRAZALEMA (CADIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) anunció hoy que recurrirá la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Jerez de la Frontera (Cádiz) que declara improcedente el despido, el pasado de mayo, del arquitecto técnico municipal, Juan Prieto, quien posteriormente fuera detenido y encarcelado por la 'Operación Pinsapar' como presunto autor de varios delitos relacionados con la ordenación del territorio.

En un comunicado remitido a Europa Press, el Ayuntamiento consideró que la sentencia "no se corresponde con la realidad", en varias de sus consideraciones. Entre ellas, destacó que, según el juzgado, al arquitecto municipal asistió "sorpresivamente" a la lectura de un acta, por parte del secretario del Consistorio, sobre una reunión mantenida con la alcaldesa, María José Lara (PSOE), y varios contratistas y promotores, además de un arquitecto, en la que lo acusaron de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras.

En contra de lo que sostiene la sentencia --Prieto no pudo leer el citado acta personalmente ni tuvo acceso a una copia--, el Ayuntamiento aseguró que el arquitecto "no quiso que se lo leyera el secretario sino hacerlo él mismo, y no solicitó copia de la misma", aunque después lo hizo y se le envió a su domicilio.

En la citada reunión, a juicio del juez "informal, para comentar unos rumores y sin que los presentes supieran que había un secretario que iba a levantar un acta", la alcaldesa, según la versión municipal, pidió a los denunciantes que repitieran sus manifestaciones sobre las presuntas irregularidades del arquitecto municipal porque el secretario iba a levantar acta.

Además, mientras la sentencia considera que el despido "carece de validez" porque se comunicó verbalmente, sin notificarlo por escrito, el Ayuntamiento sostiene que sí se le dio por escrito, de la mano del secretario" y Prieto "dio lectura" del mismo.

El Equipo de Gobierno (PSOE) de Grazalema argumentó que el despido se produjo "por unos motivos muy concretos", citando la "trasgresión de la buena fe contractual", así como el "abuso de confianza" en el desempeño del contrato, "con independencia" de los presuntos hechos delictivos denunciados, que fueron puestos en conocimiento de los órganos judiciales y que están siendo investigados.

Por todo ello, la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Jerez "va a ser analizada y recurrida" por letrado de la Diputación de Cádiz como representante del Ayuntamiento en el procedimiento judicial porque el procedimiento seguido en relación con el despido fue "correcto, con audiencia al interesado para que manifestara lo que estimara conveniente en defensa de sus derechos ante las denuncias formuladas contra él".

Así las cosas, la defensa del Ayuntamiento presentará un recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).