El letrado del ex jefe de la Policía Local pide que se le devuelva la fianza o que se rebaje la cuantía
MALAGA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La defensa de los letrados imputados en la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), destapada en la operación 'Malaya'; pidió hoy a la Audiencia Provincial de Málaga la puesta en libertad de cuatro de ellos, que se encuentran en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre desde hace dos meses, y que se devuelva la fianza impuesta a los otros dos, al precisar que no se da ni riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas. Además, indicó que los autos por los que se produjo el arresto de los abogados están "viciados de nulidad", considerando que se produjo una "detención ilegal".
La Sección Tercera de la Audiencia acogió hoy la vista sobre el recurso de apelación presentado por la representación de los letrados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, de Madrid, supuestamente usado por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, según el juez instructor, Miguel Angel Torres, para ocultar propiedades y blanquear capital a través de "una complejísima estructura societaria". Así, se decretó prisión para Manuel S.Z, Juan Luis S.P., Francisco Antonio S.P., Manuel S.M.; mientras que se dejó en libertad a Francisco S.Z. y Miguel P.C., bajo fianza de 90.000 y 30.000 euros, respectivamente.
El letrado indicó que es "imposible" que se den los indicios argumentados por el juez sobre el delito de blanqueo, al precisar que las sociedades están creadas "con créditos" y quiso trasladar a la Sala, que denominó "Tribunal de la Libertad", la "clara idea de que sólo cuando sea imprescindible y no haya otro medio se decretará la prisión", negando la existencia de un peligro "fundado y concreto".
Así, explicó que no se trata de un tipo delictivo con penas elevadas y apeló a las condiciones familiares y profesionales para afirmar que no existe el riesgo de fuga. También consideró "imposible" que se produzca una alteración de pruebas, ya que, según dijo, en los registros, diligencia también recurrida, "se llevaron todos los expedientes, todos los ordenadores", que actualmente "están en el juzgado".
Para el letrado, "se está alterando" el derecho de libertad y el de defensa, ya que "están en la cárcel y no se pueden defender porque las actuaciones están secretas", punto en el que se preguntó "si no vale con restringir uno de los dos derechos". Además, lamentó que la imagen de los letrados "no se ha respetado, porque no se ha respetado la ley".
Por su parte, el fiscal Anticorrupción pidió la confirmación de los autos de prisión por la naturaleza de los hechos, presuntamente cometidos por un grupo de personas, que "posiblemente tengan la calificación de organización"; y porque el entramado societario "aún se está investigando", a pesar de que ya existe una base indiciaria suficiente para afirmar que Roca "para ocultar el patrimonio, se sirvió de los abogados".
DETENCION Y JURISDICCION
Por otro lado, la defensa señaló que la detención de los letrados se produjo, en algunos casos, "en plena calle, con sus hijos delante" y se trató de un arresto "televisado", con lo que, además de incumplir la legalidad, "se arruina la reputación de los abogados". Así, consideró que "estamos ante una detención ilegal" y que el instructor "se ha excedido mucho en sus atribuciones", al prorrogar tres días la detención.
Explicó que se trató de una detención judicial, ordenada por el juez, "que no puede ser de seis días", y añadió que "aunque se pueden entender ciertas cosas, como que había muchos detenidos, y contando con que la ley es absolutamente rígida respecto a las 72 horas, el juez no tiene potestad para decir quiero descansar durante el fin de semana, mientras están los detenidos más de dos días en Comisaría".
En este sentido, el fiscal Anticorrupción calificó de "ligereza" el aludir a un delito de detención ilegal, insistiendo en que "se actuó correctamente" y precisó que "ni el titular ni el que les habla pudimos descansar durante ese fin de semana", sino que se estuvo tomando declaración a otros imputados. Justificó el tiempo de arresto en que en el registro del despacho de Madrid "tenían que estar presentes".
Respecto a la jurisdicción del juez, el abogado dijo que este extremo es "improrrogable y menos con carácter retroactivo". Además, aseguró que esta causa, aunque surja de otra ya iniciada, debía haber ido al turno para su distribución y concluyó que "no se ha repartido", lo que trae como consecuencia, a su entender, que "no es un juez imparcial".
"Difícilmente es un juez imparcial aquel que se queda con un asunto que cree que lo va a hacer mejor o que le guste más", precisó, al tiempo que pidió a la Sala que entre en si tiene o no competencia, ya que, según aseveró sin ninguna duda, "los autos de prisión fueron dictados por un juez sin jurisdicción".
El fiscal volvió a defender la profesionalidad del instructor, como ya hizo la semana pasada con el resto de los autos, y aseguró que "en un acto de responsabilidad" antepuso los intereses profesionales a los personales, "al renunciar a un destino, como es Granada, que era una ganga y muy solicitada". Por último, dijo que la cuestión de reparto no afecta a ningún derecho fundamental.
Además, la Sala vio hoy también el recurso del empresario José Luis Alonso B., en libertad bajo fianza de 20.000 euros y con cargos de cohecho y del ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, que pagó la misma cantidad de fianza y al que se le imputan los delitos de tráfico de influencia, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de perseguir delitos.
El letrado pidió que se le devuelva la fianza o que se rebaje a su situación económica, ya que, argumentó, es "el único imputado al que no se le acusa de haberse llevado dinero". Apeló al arraigo familiar, precisando que ha estado casado tres veces y tienen dos niños, de 14 y ocho años que viven con él dos días a la semana, y un tercero a punto de nacer. El fiscal, por contra, pidió también la confirmación del auto por el que se estableció la fianza.
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