El abogado de los tres subordinados de Ibarra dice que "obedecieron órdenes de un superior jerárquico, sin ningún beneficio propio"
BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Javier Beramendi, abogado defensor del ex subdirector de Inspección de la Hacienda de Vizcaya Juan Ramón Ibarra, ha asegurado que no está probado "ningún caso de un contribuyente que no fuera inspeccionado por Hacienda simplemente por estar en la lista" que tenía Ibarra y ha considerado que ha habido una "caza de brujas" contra su cliente, para el que ha pedido la absolución.
La Fiscalía ha retirado los cargos por el delito de infidelidad en custodia de documentos contra Ibarra y sus tres subordinados imputados, José Luis Silvestre, Joaquín Tebar y María Valvanera Canal, por lo que se rebaja tres años la pena de prisión a los cuatro imputados en el caso que investiga el supuesto trato de favor a contribuyentes en sus declaraciones tributarias.
El juicio que se sigue en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya contra Ibarra por presunta prevaricación y cohecho al supuestamente favorecer a contribuyentes en sus declaraciones tributarias y contra tres subordinados ha quedado este jueves visto para sentencia.
La Fiscalía Anticorrupción presentó a finales de 2003 una querella contra el ex jefe de Inspección de la Hacienda vizcaína, después de que los responsables del departamento detectaran "irregularidades" por un supuesto trato de favor hacia varios contribuyentes para que no fuera inspeccionados entre 1998 y 2003.
En la última sesión del juicio, el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de 800.000 euros de multa para Ibarra y los delitos de falsificación continuada de documentos público, prevaricación, cohecho y desobediencia, aunque ha reducido a 9 años la pena de prisión, tras retirar el delito de infidelidad en custodia de documentos. Esta decisión de la fiscalía afecta también a los otros tres imputados, que se enfrentan ahora a cinco años de cárcel, además de a los delitos de falsificación y prevaricación.
En su intervención, Beramendi ha asegurado que "si algo queda claro es que la aplicación informática 0052 (lista de Ibarra) no es un plan de inspección, sino un registro informático", así como que "en esa aplicación informática, en el año 1998, se vuelca, como consecuencia de una modificación del sistema informático, todo lo que había sido la historia anterior profesional, en tanto que actuario, de Ibarra".
Asimismo, ha sostenido que no es un plan de inspección, "porque normativamente el plan de inspección sólo es generado y firmado por el director de Hacienda". También ha negado la existencia del "secreto" en relación a la lista de Ibarra, que "era conocida" por personal de Hacienda, "por el inspector jefe responsable de inspección y por sus compañeros".
Por otro lado, Beramendi ha asegurado que "no se pretende simular" porque "ninguno de los contribuyentes del listado fue inspeccionado por estar en esa lista, lo que hubiera venido bien para el arte del disimulo". Además, ha destacado que se levantó la traba estando Ibarra de vacaciones y que esta traba "no ha impedido" nada en relación a un contribuyente, porque "cuantas veces un contribuyente ha sido seleccionado o inquirido desde gestión se ha levantado la traba".
En ese sentido, ha considerado que el argumento de que el levantamiento de la traba se hace para "disimular" es "preciosista, pero sin prueba" porque "lo que no se ha probado un solo caso de un contribuyente que no entrara en inspección por estar" en el listado de Ibarra.
Beramendi ha defendido que Ibarra "no alteró ningún plan de inspección emanado del director, no alteró la carga de trabajo de ningún inspector, no impidió actuación inspectora o de gestión alguna, y su aplicación informática no era más que un instrumento de seguimiento". "No se ha probado que ni uno solo de los contribuyentes de su lista hubiera entrado en plan de no estar en ella, que eso es favorecer, y no se ha probado que uno solo de los contribuyentes de esa lista hubiera recibido un trato de favor", ha reiterado.
Por otra parte, tras subrayar que el director de Hacienda Javier Muguruza "no dijo ni una sola vez que le hubiera ordenado a Ibarra borrar la lista y usó siempre el impersonal 'ordenó que se borrara'", ha indicado que si el director quiere que se borre esa lista en su totalidad "da la orden a Lantik", empresa que gestionaba el servicio informático de la Hacienda Foral.
COHECHO
En cuanto al delito de cohecho por el incremento patrimonial "no justificado" de 337.000 euros que el abogado defensor ha atribuido a un "préstamo no documentado" por parte de su padre, Beramendi ha asegurado que "no se sostiene" y ha censurado que, por parte de la acusación, "ni una vez se ha preguntado a nadie si se le ha requerido algún pago por el trato de favor, no ya que lo haya dado, sino que se le haya requerido, y no se le ha preguntado a nadie si ha pagado".
Beramendi, que ha considerado que el perjuicio para la Hacienda Foral que sostiene el Ministerio Fiscal no es "más que una hipótesis de trabajo y una conjetura que no ha sido probada", ha concluido que no hay "ni una sola prueba de cargo" y ha manifestado que sólo la sentencia absolutoria que demanda "podrá reparar ocho años de sufrimiento, de linchamiento mediático y de sufrimiento laboral y personal que ha padecido" su cliente.
"OBEDECÍAN ÓRDENES"
Por su parte, el abogado de los otros tres imputados, Ricardo Palacios, ha solicitado la absolución de Canal, Tebar y Silvestre y ha asegurado que los tres "obedecieron órdenes de un superior jerárquico, que es lo que tiene que hacer todo inferior, salvo que la orden sea manifiestamente ilegal, y, en el caso que nos ocupa, la orden revestía cuando menos apariencia de legalidad por razón de su contenido y de quien la daba".
Tras rechazar que la 'traba' de la lista de Ibarra fuera desconocía en la Hacienda Foral, Palacios ha insistido que "ante una orden directa dictada por un superior jerárquico en el ejercicio de sus funciones, que no constituye una violación flagrante del ordenamiento jurídico, al inferior solamente le queda una posibilidad, obedecer sopena de incurrir en responsabilidad criminal".
Asimismo, ha considerado que si la las listas de Ibarra eran "ilegales y lo sabían sus representados", tal y como mantiene la fiscalía, "se supone que la Hacienda Foral de Vizcaya no iba a correr el riesgo de no acusar, pudiéndose encontrar con una sentencia condenatoria por este delito".
Palacios ha remarcado el hecho de que "otros inspectores que conocían la traba no se sientan en el banquillo" y ha pedido que "si esos señores están tranquilamente fuera" que sus clientes "también estén tranquilamente fuera".
Por todo ello, se ha preguntado si es "justo" que se pidan cinco años de prisión a unos funcionarios "veteranos y honrados, queridos por compañeros y superiores, por cumplir unas órdenes superiores sin ningún beneficio propio". También ha censurado el "trato discriminatorio y arbitrario" hacia sus defendidos y ha preguntado si es "razonable" que "cuando la Hacienda foral se ha apartado ya del procedimiento, porque estima que no hay delito, y los tres jefes inmediatos directos" de los tres imputados dicen que estos "no tienen ni responsabilidad, el Ministerio Público sea más papista que el Papa y siga el procedimiento".
Palacios, que ha dicho tener "la sensación de que se están pidiendo años de cárcel con la misma alegría como se pueden pedir orejas en una plaza de toros", ha considerado "un tema de locos que no se siente en el banquillo al jefe de Inspección y sí a una mecanógrafa".
Para el abogado de los tres subordinados de Ibarra, esta causa "empezó como un show y termina como un bluf mediático montado por la Fiscalía anticorrupción, con la coparticipación necesaria de la Fiscalía local, que salieron a cazar ballenas y, después de faenar ocho años volvieron con una sardina".
