Reclama también que declaren Rubalcaba y Oreja para demostrar que "el diálogo es un principio a preservar y no una acción a penalizar"
VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La defensa del lehendakari, Juan José Ibarretxe, pedirá al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que cite a declarar al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y a su predecesor, José María Aznar, durante el juicio contra el presidente del Ejecutivo vasco y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna. En el escrito de defensa, que se presentará mañana ante el TSJPV, se asegura que Aznar y Zapatero "han hablado con ETA y con Batasuna" y "nadie ha considerado que cometieran delito", por lo que estima que la causa contra Ibarretxe es "un juicio político".
El contenido del escrito de la representación legal del lehendakari, acusado de un delito de desobediencia por reunirse con la formación ilegalizada, fue dado a conocer hoy por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.
La defensa planteará como cuestión previa la anulación del juicio, argumentando la ausencia de la acusación particular, ya que la Fiscalía pide la absolución y sólo existe la acusación popular ejercida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia. En el escrito, los abogados del lehendakari solicitan a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV que se llame a declarar a 16 dirigentes institucionales y asesores internacionales.
Entre ellos, y además de Rodríguez Zapatero y Aznar, se encuentran el actual ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ex responsable de esta cartera con el Gobierno del PP, Jaime Mayor Oreja, el presidente del PSE Jesús Eguiguren, el presidente del EBB del PNV Josu Jon Imaz y el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Según la defensa, tanto Rodríguez Zapatero como Aznar, e incluso el antecesor de éste último al frente del Ejecutivo central, Felipe González, han mantenido contactos con la organización terrorista y Batasuna. "Felipe González habló con ETA y con Batasuna. Aznar habló con ETA y con Batasuna. José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado con ETA y con Batasuna exactamente en la misma coyuntura que lo hizo el lehendakari", indicó Azkarate.
El hecho de que la petición de citar como testigos se limite a Aznar y Zapatero responde, según explicó la portavoz del Ejecutivo vasco, a que sus supuestos contactos con ETA y Batasuna se produjeron con la Ley de Partidos ya en vigor, algo que no ocurre en el caso de González.
"JUICIO POLITICO"
"No es la primera ni será la última vez que se han llevado a cabo acciones políticas similares a las que han servido para imputar al lehendakari. Los gobiernos estatales anteriores al actual, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, dialogaron en su día con el entorno de Batasuna y con dirigentes de ETA para buscar soluciones pacíficas, por ser tal cuestión un tema de prioridad política evidente para el conjunto de la sociedad", afirmó la portavoz del tripartito.
Azkarate afirmó que, a pesar de esos supuestos contactos de Aznar, Zapatero y González con ETA y Batasuna, "nadie ha considerado nunca que cometieron delito alguno". Por ese motivo, se preguntó "¿por qué el lehendakari sí y todos los demás no?", para responder a continuación que esto se debe a que "estamos ante un juicio político para hacer política".
DECISION DEL TRIBUNAL
Según explicaron fuentes de la Presidencia del Gobierno autonómico, la decisión de aceptar que se cite como testigos a estas 16 personalidades dependerá del tribunal que juzgará a Ibarretxe. En caso de que éste estime oportuno que acudan a declarar al juicio, ninguno de los testigos propuestos podrá negarse a ello, según explicaron las mismas fuentes. Desde el tripartito también se indicó que Rodríguez Zapatero, como actual presidente de Gobierno, tiene la prerrogativa de no tener que desplazarse a la sala para declarar, por lo que podría hacerlo, en su caso, por otras vías.
Con esta larga lista de testigos, los abogados del lehendakari pretenden "dejar clara y meridianamente demostrado que el diálogo político es un principio democrático a preservar y no una acción política a penalizar, y que así está asumido además en la comunidad internacional".
Además, Azkarate afirmó que se evidenciará que en este proceso penal "se ha hecho una interpretación completamente interesada y errónea de la ley, incluidas tanto la ley penal como la Ley de Partidos, que bajo ningún concepto prohíben o castigan a quienes buscan la paz a través del diálogo". La defensa considera que "buscar la paz sólo puede ser un delito en mentes que manipulan el Derecho para aplicarlo torcido".
El escrito de la defensa destaca que las reuniones del lehendakari con Batasuna se produjeron en un contexto de tregua de ETA y tras la resolución del Congreso de los Diputados en favor de un final dialogado de la violencia si se producían las condiciones adecuadas. "Con carácter previo a los encuentros mantenidos por el lehendakari con Batasuna, existen una serie de acontecimientos públicos y de acuerdos políticos en el Congreso que abogan por explorar las vías del diálogo como medio de poner fin a la violencia", señaló Azkarate.
SIN "ORDEN EXPRESA"
La representación legal de Ibarretxe recuerda que la Sala Especial del Tribunal Supremo que decretó la ilegalización de Batasuna "no dio orden expresa, concreta y directa al lehendakari para que anulara o suspendiera la reunión que tenía prevista con ex dirigentes de Batasuna, y ello a pesar de ser pública y notoria su convocatoria de forma previa".
Además, señala que "tampoco el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dirigió al lehendakari requerimiento alguno en relación a dicha reunión ni le impuso ninguna obligación". Por ese motivo, y en referencia a la acusación de desobediencia a la que se enfrenta su representado, asegura que "difícilmente se puede desobedecer a alguien que no ha expresado criterio previo alguno".
En la cuestión previa en la que reclama que no se celebre la vista oral, la defensa considera que el juicio no debe celebrarse "atendiendo a la doctrina establecida por la Audiencia Nacional, según la cual no puede llevarse a cabo un juicio oral sustentado en la existencia de una única acusación popular y sin que exista ni acusación pública del Ministerio Fiscal, ni acusación particular de ningún perjudicado".
