Afirma que el juez "ya no interpreta la Ley, sino que la crea", y denuncia "la aplicación del Derecho penal de autor"
BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La defensa del preso de ETA Henri Parot recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, por la que decidió que el recluso cumpla íntegros 30 años de prisión al acumularle las condenas que tenía pendientes. La impugnación se planteará antes del próximo 28 de marzo, fecha en la que finaliza el plazo para poder recurrir.
La letrada Ainhoa Baglietto afirmó que, desde la petición de acumulación y refundición de condenas de Henri Parot, ha existido "un desvarío de sentencias totalmente políticas, sin ningún tipo de base legal y totalmente inconstitucionales".
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao -en la que Baglietto compareció acompañada de otros abogados de la izquierda abertzale que habitualmente defienden a los reclusos, como Jone Goirizelaia, Iñigo Iruin o Kepa Landa- recordó que "han sido cientos de casos" en los que han pedido las acumulaciones de condenas y que han sido resueltas conforme a lo que legalmente establece el artículo 70.3 del Código Penal".
Además, señaló que este artículo "ha sido interpretado por la Jurisprudencia con un criterio favorable a los reos", de acuerdo "con lo que establece la Constitución sobre que las penas deben ir orientadas hacia la reeducación y la reinserción social".
No obstante, señaló que, pese a ello, la Audiencia Nacional dictó "una resolución totalmente ilegal e inconstitucional, con el único fin de provocar un debate social y jurídico, y, de esa manera, que sea el TS la que dicte una resolución que nos lleve a una situación de total desamparo".
Por ello, anunció que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que la sentencia del Supremo sobre Henri Parot es "totalmente ilegal e inconstitucional" porque realiza "una interpretación contraria a lo que ha mantenido a lo largo de 30 años".
En su opinión, se trata de "una sentencia a la carta, totalmente dirigida contra el señor Parot" y los demás presos de ETA, y algo a lo que el TS ya se había opuesto con anterioridad al creer que "era gravemente innovadora y perniciosa, y que pugnaba con los más elementales postulados del derecho penal moderno y los fines rehabilitadores buscando un fin punitivo y reivindicativo".
Baglietto explicó "la situación de indefensión" que se ha creado para ellos "porque esto no ha sido el objetivo de debate ni de nosotros ni del Ministerio fiscal ni de la asociación de víctimas, sino un elemento que ha introducido el Tribunal Supremo, atendiendo a los debates sociales y políticos que se han dado en la sociedad".
"Por tanto, también en ese sentido vulnera la Constitución y el principio acusatorio", insistió, para asegurar que "sitúa al preso en una situación peor" de la que estaba y sin que la defensa haya podido defenderle.
A su entender, es "grave, porque es una sentencia firme" y sólo hay posibilidad de recurrir al TC. "El objetivo sólo ha sido tranquilizar a parte de la sociedad que pedía una cadena perpetua, indicándoles que las condenas se cumplirán de forma íntegra", agregó.
CREACION DE LAS LEYES
Por su parte, el abogado Iker Urbina denunció que "lo que no dice la Ley, lo dice el juez", es decir, "que el juez ya no interpreta la Ley, sino que la crea". Tras reprochar que se pretende prolongar el cumplimiento de las penas hasta "cuotas absolutamente desorbitadas", lamentó que "se aplique la Ley de manera retroactiva".
Además, subrayó que, si bien "no se han atrevido a incluir la cadena perpetua en la legislación española", quizá para "maquillarla democráticamente", denunció que se trata "de un intento de aplicación de facto de la misma".
"Y, para ello, la Audiencia Nacional no ha dudado en revocar redenciones firmes por auto, en desestimar acumulaciones de condenas y en abrir nuevas diligencias a quien, en base a la legislación, se encontraba cerca de cumplir íntegramente la condena, expresamente con el objetivo confeso y expreso de evitar que salieran de prisión", añadió.
Urbina dijo que este objetivo "también ha sido avalado, de manera directa, por el Poder Ejecutivo, quien ha hablado de la construcción de pruebas, incluso, y tampoco lo ha dudado el Tribunal Supremo, cuando en palabras de uno de sus componentes en el caso de Unai Parot, hablaba de que el Tribunal Supremo ha optado por reescribir las leyes".
"En definitiva, estamos asistiendo a la redacción, modificación y aplicación de las leyes según a la persona o al colectivo a la que vayan dirigidas. Hemos entrado de pleno en la aplicación del derecho penal de autor. Ya no son los hechos los que marcan, determinan la aplicación de las normas, sino que son las personas a las que van dirigidas", destacó.
Por ello, consideró que se vulneran los principios de igualdad y de legalidad. "Al colectivo de presos políticos vascos se les aplica un trato específico y discriminatorio, al hilo de intereses y objetivos políticos concretos del momento, que en estos momentos pasan por el castigo, la venganza y la utilización del colectivo de presos políticos vascos para incidir en el momento político que vive Euskal Herria".
A su juicio, se utiliza a los reclusos de ETA como "rehenes políticos" y "se instrumentaliza" al Poder Judicial, dejando al margen los principios de objetividad y neutralidad.
El representante de profesionales del derecho que desean "amparar" al colectivo de presos de la banda armada afirmó que les defenderán "ante ésta o cualquier otra vulneración con todos los medios" a su alcance, "bien sea mediante iniciativa judiciales, ya sea mediante iniciativas sociales".
"La firme idea que nos impulsa es la de que, quien trate de cualquier manera de atacar o vulnerar algunos de los derechos que asisten al colectivo de presos políticos vascos, nos va a tener en frente con todos los medios que tenemos a nuestro alcance", concluyó.
