Las defensas se apoyan en las actas de las tarjetas creadas para "dignificar" la dedicación de los consejeros

Rechazan que se responsabilice a los consejeros: "No se les contrató como policías de Caja Madrid"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA RESS) -

Los abogados de once exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid han apuntado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas 'black' que el origen de las mismas consta en las actas de creación de 1988 donde se habla de "dignificar" la dedicación de los consejeros y que por tanto no se les puede responsabilizar de un sistema que estaba autorizado y consentido.

En esta décimo novena sesión de la vista donde se dirime si los 65 exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia hicieron o no uso fraudulento de sus plásticos las defensas han apuntado que se trató de una práctica nacida bajo la presidencia de Jaime Terceiro (1988-1996) y que por tanto era una práctica heredada por los beneficiarios "que tenían conciencia de no quebrantar la legalidad".

La representación procesal de los exconsejeros Estanislao Rodríguez-Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda) y Antonio Romero (exvicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid) han indicado que unas tarjetas cuyo uso no requiere de justificante no pueden interpretarse como para gastos de representación. "Los altos cargos "consintieron conocieron y admitieron el gasto sin ninguna queja", ha dicho la letrada de Romero.

El Ministerio Fiscal --que pide para los acusados entre uno y medio y seis años de cárcel por delito continuado de apropiación indebida-- apunta en la dirección de Jaime Terceiro, que prestó declaración en calidad de testigo, al señalar que la práctica degeneró bajo la presidencia de su sucesor Miguel Blesa, y dijo en su exposición final dijo que hubo "pillaje y rapiña" en el uso de las visas.

La representación de procesal de Romero ha arremetido contra el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, por su exposición en la fase de conclusiones y le ha afeado que dichas declaraciones son "más propias de un animal que de una persona" para concluir que los 65 acusados, que gastaron hasta 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012, no se merecían dichos reproches.

"NO SE LES CONTRATÓ COMO POLICÍAS" Por su parte, las defensas de Ricardo Romero de Tejada, Mercedes Rojo y la de los exconsejeros Virgilio Zapatero, José María de la Riva y Jorge Gómez Moreno, han denunciando ante la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que éstos nunca tuvieron razón alguna para cuestionar el sistema de visas "autorizado y consentido" por Caja Madrid y, por ende, pensaban que obraban conforme a la legislación.

El poder de decisión de los acusados era "escasísimo" por lo que no se le puede atribuir responsabilidad penal por el uso de este sistema que se decidió previamente a su llegada a la caja extinta, han expuesto los letrados. "Se plantean supuestos de super hombre", ha dicho el abogado del exministro Virgilio Zapatero mientras que el de los exconsejeros Ignacio de Navasques y Francisco José Moure ha añadido que a ninguno de ellos se le contrató como policía de la caja extinta.

"No se puede equiparar pertenecer a un Consejo de Administración con responder a los procedimientos de una compañía", ha manifestado, por su parte, el letrado de Romero de Tejada en respuesta a la versión de las acusaciones y del Ministerio Fiscal que les responsabilizó de no estar al corriente de las obligaciones fiscales de sus visas.

Al respecto ha puesto como ejemplo que uno de los consejeros pidió al secretario general de la caja --cargo que ejerció Ángel Montero y posteriormente Enrique de la Torre-- los extractos de los gastos de las 'black' y éste le respondió que no le podía facilitar dicha información. "¿Eran estas personas las que encarnaban la responsabilidad de la caja cuando ni siquiera podían consultar los extractos de la tarjeta?", ha preguntado.

Para la defensa de Virgilio Zapatero se ha sometido a un supuesto de "persecución, de escarnio y ridiculización" a los 65 beneficiarios de las 'black' que han llegado al juicio prácticamente condenados para la opinión pública. Este letrado se suma así a la denuncia planteada también ante el tribunal por Carlos Aguilar, letrado de Miguel Blesa, quien dijo que se les había cortado la cabeza sin respetar su presunción de inocencia.

TODOS CONTRA TERCEIRO Jaime Terceiro, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, se ha convertido en inesperado protagonista de este juicio, al menos para las defensas, que le señalan no solo como el creador de las visas sino también como una persona que faltó a la verdad en su declaración. "No se le puede dar credibilidad alguna a su testimonio", ha venido a decir la letrada de Rodolfo Benito Valenciano.

En las actas del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988 se habla de dignificar y compensar el esfuerzo y dedicación de los consejeros, descripción que la representación procesal de los acusados interpreta como explicación de un sistema de tarjetas retributivas y no para cubrir gastos de representación en el ejercicio de su función.

ENDURECEN SUS CRÍTICAS CONTRA BANKIA Los letrados,que han pedido la absolución de sus defendidos, han solicitado que se aprecie la atenuante de reparación del daño para sus defendidos por haber consignado las cantidades gastadas ante la Audiencia Nacional y que ahora reclaman tanto Bankia como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los últimos letrados en exponer sus conclusiones, y que representan a Rodolfo Benito y José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo, ha dicho que Bankia "no ha sido transparente desde el principio". "La prueba de Iñaki Azaola (responsable de auditoría de Bankia) no es válida ni suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia", ha añadido la defensa de Navasqües, mientras que otros han expuesto que la entidad nacionalizada actuó "a mala fe" y de manera opaca".

Se trata de la décimo novena sesión que sienta en el banquillo de los acusados a políticos que integraron las filas de los principales partidos del país así como representantes de la patronal y sindicatos en uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos que se celebra en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares desde el pasado 26 de septiembre tras dos años de instrucción.